Ningún país del mundo tiene una legislación electoral tan compleja como la mexicana y, si bien esto nació de la desconfianza entre partidos, la realidad es que ya muchos la incumplen. Sobre todo, actores políticos.

Un ejemplo de esto es el modelo de comunicación existente desde 2007 que, a petición del PRD, entonces partido del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, modificó las reglas por las cuales los partidos políticos podían acceder a la radio y la televisión, y con las que prohibió y reguló todo.

A partir de entonces, se entregan a los partidos políticos millones de spots gratuitos y, desde luego, más dinero disponible para campañas.

Esa misma reforma trajo consigo que ningún funcionario público pudiera promocionar su imagen personal durante las campañas y que tampoco se utilizaran recursos públicos para ello. Eso, en teoría, sigue vigente; sin embargo, nunca como ahora el modelo se ha visto violentado por el propio Presidente de la República.

En 2010, Felipe Calderón fue sancionado tan sólo por una transmisión en la televisión (cadena nacional) en la cual habló sobre seguridad en relación con la muerte del candidato a gobernador del PRI en Tamaulipas. Fue un solo evento y, sin embargo, lo sancionaron a él y a sus funcionarios.

Pero lo absurdo del modelo de comunicación, perseguir la noticia para los medios y el arribo de las redes sociales, hacen ver lo vetusto del sistema electoral y, aun así, los actores políticos lo incumplen.

Otro ejemplo es el ‘Acuerdo contra la violencia hacia las mujeres’, emitido en el INE el año pasado, con el cual se “verificaría” que a todos los aspirantes a un cargo de elección popular que hubieran sido sancionados por casos de violencia familiar, agresiones de género, delitos sexuales o impago de pensión alimentaria, se les negara la candidatura.

Por ello, al registro de los candidatos debía llenar los formatos relacionados con este acuerdo para que, posteriormente, el INE validara sus registros. Sin embargo, el instituto no ha revisado a nadie hasta ahora, y luego decidió hacer una “tómbola” para ver hasta abril de este año a quiénes revisaría. Así, la autoridad electoral se desdice de sus propias determinaciones.

Y, en el caso de los candidatos —cesados— de Morena en Guerrero y Michoacán, también incumplen con presentar gastos de precampaña y el regreso de sus postulaciones sigue siendo una posibilidad, a pesar de violar las leyes.

Total, las leyes electorales son tal cual como La Carabina de Ambrosio: todos tienen margen para incumplir.

Cuando el Presidente de la República, los partidos, sus candidatos y hasta los árbitros electorales violan sistemáticamente las leyes que les rigen, es momento de pensar sobre un nuevo modelo. Tirar el actual a la basura y hacer algo más sencillo que sea cumplido por todos. De lo contrario, tendremos en 2024 una tremenda incertidumbre, pudiendo llegar a la violencia, al no existir cauces legales que cumpla toda la clase política.

Twitter: @JTejado