Evitar sobresaltos abruptos en el precio de los combustibles, efectos nocivos a la economía y daños políticos colaterales, son compromiso del gobierno federal, por lo menos hasta donde le salgan las cuentas.... 
 
En reunión con una treintena de informadores, el Presidente de la República, arropado por los secretarios de Hacienda, Energía y el director de Pemex, explicó a detalle la coyuntura derivada del “gasolinazo” del primero de enero pasado, cuando la volatilidad del precio internacional del petróleo y la subvaluación del peso frente al dólar coincidieron con el fin del control de precios de los combustibles; fue grave decisión, cuyos efectos detonaron irritación, protestas y vandalismo.
 
La Secretaría de Hacienda ha encontrado la fórmula para evitarlo.
 
El alto precio del barril de crudo, tres dólares por arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos, permite una reserva de recursos para evitar el disparo del precio final de las gasolinas —según términos del secretario José Antonio Meade— sin abandonar el esquema que libera el costo para el consumidor final. México no tiene recursos ni quiere subsidiar un precio fijo, costo que durante el sexenio pasado significó 1 millón de millones de pesos.
 
En doce años, la producción petrolera se derrumbó de 3.5 a 1.3 millones de barriles diarios; como país petrólero descendimos del octavo al décimo segundo lugar mundial. En cambio, pasamos de ser el noveno consumidor del orbe, al cuarto, sólo detrás de Estados Unidos, Canadá y Australia; el incremento de la demanda no corresponde a la oferta de la infraestructura.
 
En 18 años no se han construido terminales de almacenamiento ni oleoductos; no tenemos reserva suficiente ni capacidades para llevar con eficiencia gasolina y diésel a cada rincón del país, entre otras cosas, por el retraso de una reforma energética que, en su momento, el PRI le negó al gobierno calderonista.
 
La “buena noticia” es que la apertura derivada de la reforma aprobada este sexenio ha generado promesas de inversión por 16 mil millones de dólares en instalaciones de almacenamiento, medios de transporte (ductos y líneas férreas) y estaciones de servicio, que podrían llegar a 22 mil en unos años.
 
Hoy lo que más preocupa a la autoridad es mantener las cosas en calma, un nuevo “gasolinazo” sería indeseable por los efectos inflacionarios —que han llevado al peor índice en 18 años— y las consecuencias político-electorales; los bolsillos de los mexicanos y la popularidad del gobierno no resistirían otro golpazo de esos.

EL MONJE MALTRATADO: La renegociación del TLC iniciará en junio, y podría concluir en un año —antes de diciembre quisiera el Presidente—. El acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá cambiará hasta de nombre, adelanta Peña Nieto. Sensatez y prudencia es la apuesta del gobierno ante la volatilidad financiera y la incertidumbre política derivada de la nueva relación con Trump, con quien no hay compromiso alguno, salvo lo abstracto de una buena disposición para un diálogo constructivo, pero como van las cosas, cada uno atado a sus posiciones, se ve probable una nueva reforma fiscal a mediano plazo. 
En vía de mientras, Peña Nieto amarró a Agustín Carstens para quedarse al frente del Banco de México hasta el 30 de noviembre, por aquello de las lecturas de los mercados financieros internacionales. “No podemos tomar apuestas que pongan en juego la estabilidad del país”, advierte el Presidente de la República.