No hay juego suma cero | Querétaro

No hay juego suma cero

Marcela Ávila-Eggleton

En el poder legislativo las negociaciones son frecuentes y buscan construir mayorías...

Los procesos legislativos son complejos, especialmente cuando se trata de modificaciones a la Constitución. Sin embargo, ayudan a entender la conformación y la dinámica de un sistema político en un momento determinado. Es el caso de la votación de las reformas a leyes secundarias para que la Guardia Nacional (GN) —conformada en 2019 como una policía civil— pase a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es, se convierta en un ente militar.

El proceso abrió dos polémicas importantes. En primer lugar, la que tiene que ver con la falta de base constitucional para llevar a cabo esa adscripción (la Constitución establece que la GN es un ente de naturaleza civil) que propició que las oposiciones en su conjunto en ambas cámaras votaran en contra de las reformas a las leyes secundarias. Este argumento se sustenta en que el transitorio original establecía la permanencia de las fuerzas armadas durante 4 años, es decir, en tanto la GN estuviera debidamente integrada. La propuesta de adscripción de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional es un claro mensaje del gobierno respecto a la incapacidad de conformar adecuadamente a esta institución. La segunda polémica surgió como resultado de una iniciativa presentada por una diputada del PRI que propuso una reforma al artículo 5° transitorio de la reforma constitucional de 2019 que ampliaría el plazo que autoriza a las fuerzas armadas a llevar a cabo tareas de seguridad pública.

La propuesta de reforma al 5° transitorio debió ser procesada, como todas las reformas constitucionales; esto es, debía alcanzar al menos dos tercios de los votos presentes de las y los diputados, del Senado y la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados de la República. Lo primero se logró con el voto de la mayoría de la bancada del PRI que decidió acompañar la propuesta de su correligionaria. Sin embargo, esto tuvo un efecto político complejo pues rompía de facto el acuerdo decretado por la alianza Va por México de la llamada “moratoria constitucional” en lo que resta del periodo legislativo que terminará en 2024.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados y con la advertencia del PAN y el PRD de que esta votación ponía en riesgo la alianza opositora, la minuta pasó para su aprobación en el Senado donde la mayoría de las y los senadores del PRI dijeron no acompañar la propuesta. Al no tenerse los votos necesarios, Morena decidió regresar a comisiones la minuta e iniciar un proceso de negociación para modificar la propuesta. La nueva iniciativa —mucho más compleja— faculta al titular de la presidencia de la República a hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Al final, la semana pasada nueve senadores del PRI votaron a favor, tres en contra y una senadora no asistió, con lo que se alcanzó la votación de dos tercios para que esta reforma siga su curso.

En el poder legislativo las negociaciones son frecuentes y buscan construir mayorías a partir de la inclusión de las opiniones de los diversos contendientes. Mucho se ha criticado, por un lado, el mayoriteo para la aprobación de leyes y, por otro, la parálisis legislativa producto de la falta de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. Lo cierto es que, en los órganos legislativos resulta fundamental que cada parte ceda algo para lograr acuerdos. La negociación política no puede ser, por ningún motivo, un juego suma cero. 

@maeggleton

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