El Plan B de la reforma electoral aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara baja sin haber sido revisado y discutido implica una violación a diversos preceptos constitucionales —artículos 41, 80 y 116— así como a procedimientos legislativos cuyo objeto es proteger los derechos de las minorías.

En ese contexto, las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a propósito de su constitucionalidad resultan, además de falsas, francamente cínicas. Más aún, las iniciativas asociadas a la competencia por el poder público no sólo requieren mayorías sino amplios consensos entre los actores políticos lo que, en este caso, es inexistente.

La propuesta es un capricho del Ejecutivo. El Plan B es una iniciativa hecha sobre las rodillas cuya revisión en comisiones del Senado de la República ha dado cuenta de, al menos, 70 artículos violatorios de la Constitución, agrupados en 21 bloques, de los cuales, únicamente 6 fueron aceptados por el secretario de Gobernación.

¿Por qué aceptar modificar artículos claramente anticonstitucionales si la máxima que mejor describe a su jefe es la discrecionalidad en la aplicación de la ley? La posición es clara, para qué negociar si se puede mayoritear.

El presidente argumenta que no hay violación alguna a la Constitución lo que evidencia que no se ha tomado la molestia de revisarla. Habrá que ver si a la cruzada por la aprobación se suman los aliados que dieron su voto a favor en la Cámara baja. La semana pasada comentaba en este espacio que el precio de los votos del PT y el PVEM sigue subiendo, de ahí la “cláusula de la vida eterna” que les permitiría mantener el registro, aún sin contar con el porcentaje mínimo que establece la Constitución. Esta cláusula es una de las que se deberá modificar antes de que se someta a votación en el Senado; habrá que ver cuál será en esta ocasión la moneda de cambio y si resulta suficiente para garantizar algunos de los 11 votos de las y los integrantes de las bancadas del PT, PVEM y PES en el Senado.

De acuerdo con Sartori, un partido es relevante cuando tiene capacidad de coalición o de chantaje; en este contexto, el peso político tanto del PT como del PVEM se ha incrementado en los últimos días y su pragmatismo obliga, a pesar de los compromisos con el partido mayoritario, a votar contra cualquier iniciativa que amenace con poner en riesgo su propia permanencia.

Nuestra democracia es sin duda perfectible, como también lo son nuestras instituciones electorales. Sin embargo, es inaceptable que las reglas del juego se modifiquen a petición del ganador con la consigna de dejar al resto de los jugadores fuera. La democracia mexicana no se fortalecerá por la vía de una imposición presidencial, con una propuesta plagada de inconsistencias y claramente violatoria de la Constitución. Sólo alguien cuya visión se centra en imponer su voluntad al costo que sea, puede proponer una iniciativa como la que está en proceso de ser votada.

El desaseo y los errores son el mejor retrato de un gobierno que ha hecho del capricho y la ocurrencia, su principal activo. De aprobarse, quedará para la historia la complicidad de representantes electos democráticamente con un personaje cada vez más autoritario que, por mantener su poder y su proyecto, está dispuesto a pasar por encima de todo y todos.

@maeggleton