En Guerrero se concentran muchas de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas en México: matanzas, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo para reprimir la rebeldía cívica, estudiantil, campesina o indígena; aniquilar la sublevación armada e imponer el mafioso control territorial del narcotráfico. Violaciones, todas ellas, en las que la impunidad ha sido reina con la complicidad de autoridades, caciques y delincuentes.
De ese Guerrero de las descarnadas masacres (las muchas de la Guerra Sucia, la de los universitarios de Chilpancingo, la de los productores de copra de Acapulco, la de los campesinos de Aguas Blancas y El Charco, y la de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala), que a gritos pide una autoridad política que se le garantice justicia ante los innumerables crímenes que lo han humillado, pretende ser gobernador Félix Salgado Macedonio, cuya biografía es abundante en conductas impunes y que avanza hacia la elección de junio próximo con tres acusaciones de violación y abuso sexual a cuestas.
Sin menoscabo de la presunción de inocencia, no cabe el “ya chole” expresado por AMLO al decir que se trata de una campaña mediática contra el candidato de Morena. No lo es. Hay suficiente evidencia para judicializar las acusaciones en su contra.
El pasado 6 de enero le mostré aquí el expediente de la Fiscalía de Guerrero con las acusaciones presentadas en 2017 por una empleada del periódico que entonces dirigía Salgado Macedonio (https://bit.ly/2ZueGMZ). La carpeta de investigación no se judicializó por órdenes del gobernador Héctor Astudillo, según reveló el entonces fiscal del estado, Javier Olea Peláez. El expediente quedó archivado, pero sigue vigente. Su reapertura podría ser solicitada por la víctima, pero de ella nada se sabe desde principios de este año. También puede reabrirla la Fiscalía, pero ésta dijo que lo analizará, sin que hasta ahora se conozca su respuesta.
Tras ese escándalo, se presentó otra denuncia. Basilia “N” también acusó de violación a Salgado Macedonio. Presuntamente se cometió en 1994, cuando la denunciante era menor de edad. La Fiscalía de Guerrero determinó que el delito había prescrito, pues desde su presunta comisión han transcurrido más de los once años y medio que marca la ley para que así ocurra. El exfiscal Olea Peláez ha asumido su defensa de esta mujer en la parte penal, apoyado por Patricia Olamendi en la parte de derechos humanos. Ambos impugnarán la prescripción con el argumento de que en el conteo de años no deben considerarse aquellos en los que el acusado ha tenido fuero como senador, diputado, presidente municipal de Acapulco y otra vez senador, casi quince años.
Fue el caso de Basilia “N” el que se denunció ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que convocó a acusadora y acusado a su sesión del martes pasado. Fue una simulación. Ni siquiera estuvieron presentes los consejeros, sino personal administrativo. A Basilia se le impidió ser asistida por sus abogados, lo que sí se permitió a Salgado Macedonio, quien desde el 2 de febrero anterior ya tenía la ratificada su candidatura.
El asunto ha generado divisiones al interior de Morena, sobre todo de sus diputadas; y entre colectivos feministas que reclaman a AMLO en redes con el hashtag #PresidenteRompaElPacto con Salgado Macedonio, la oposición política, por supuesto, y la opinión pública en general.
El costo para Morena puede ser muy alto. No tanto en las elecciones de Guerrero, donde su aparato y el apoyo de AMLO parecen garantizar el triunfo. Sí en las de la Cámara de Diputados, donde estaría empezando a pesar el desencanto, no porque se asuma desde ya la culpabilidad sin juicio de Salgado Macedonio, sino porque llegará a un estado urgido de justicia (promesa central de la 4T), manchado por el desprestigio, sin claridad sobre su inocencia, prácticamente confeso tras declarar que todo lo que se diga de él es cierto, y con el fardo brutal de la impunidad.
Instantáneas:
1. AYOTZINAPA. Hoy se llevará a cabo en la austriaca Universidad de Innsbruck la diligencia genética con los 16 restos humanos encontrados en la Barranca de La Carnicería, municipio de Cocula, Guerrero, durante las más recientes pesquisas sobre la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fueron enviados el miércoles con una comisión encabezada por el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, quien vía videollamada participó en la reunión que sostuvo ayer AMLO con los padres de los desaparecidos. Los resultados del análisis se tendrán un uno o dos meses. Una diligencia anterior derivó en la identificación de uno de los jóvenes: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. En el gobierno anterior fueron enviados otros 16 restos, de los que derivó la identificación de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Sus restos –se dijo entonces– fueron encontrados en el río Cocula, pero el resultado fue impugnado por los padres, ya que el haber sido colocados en una bolsa, sin la supervisión de grupos de expertos, fue para ellos un procedimiento viciado. De la reunión de ayer en Palacio Nacional se conoció también la detención de Luis Antonio Dorantes Macías, quien fuera encargado de la comisaría de la Policía Federal en Iguala, en la época en que ocurrió la desaparición forzada de los jóvenes. Sobre el proceso de extradición de Tomás Zerón Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se informó que se ha complicado debido a que los trámites oficiales se paralizaron en Israel por la pandemia de COVID19.
2. REDES. Arrancó el parlamento abierto sobre el proyecto de iniciativa de ley para Regular las Redes Sociales organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la República. El senador Ricardo Monreal, promotor de la iniciativa, subrayó que su propuesta es apenas un borrador que se va a nutrir con todas las voces que se van a escuchar. En ese tono reconoció que, más allá de filias y fobias, el marco jurídico de nuestro país y del mundo, es limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier usuario de las redes sociales, sin incurrir en actos de censura.
3. SAQUEOS Y DESTROZOS. La UNAM informó ayer que algunas de sus instalaciones han sido violentadas por grupos de embozados que, con supuestos reclamos estudiantiles, aprovechan dolosamente el confinamiento de los universitarios en sus hogares, para saquear y causar destrozos en el patrimonio de la máxima casa de estudios. Se han levantado actas y presentado denuncias de todos los casos, el más reciente en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo.
4. EQUILIBRIOS. El Partido Verde en San Luis Potosí ya se sentía ganador de una elección en la que aún no se terminaba de configurar las fichas. Ahora con un Morena fortalecido en la entidad por los nuevos cuadros que llegan a equilibrar el tablero, Ricardo Gallardo Cardona empieza a perder la confianza que tanto presumía.
