Un porcentaje no menor de los casi 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018 se debieron a una ciudadanía harta de la corrupción, la impunidad y los excesos de las administraciones anteriores. Muchos de quienes votaron por AMLO en 2018 —y en 2006 y 2012— tenían claro que no se podía transformar el país en un sexenio, sin embargo, bien valía la pena el intento. Tres años después persiste la corrupción, la impunidad y los excesos; lo novedoso es el doble rasero con el que se acusa o se justifica a las y los responsables.
Desde su tribuna mañanera, el espacio donde el Presidente más ha denunciado la corrupción (5 mil 878 menciones de acuerdo con datos de SPIN) Andrés Manuel López Obrador justifica, invalida y hasta perdona las transgresiones de sus cercanos. Quizá el caso más emblemático sea el de la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez.
Con relación a la multa de 4.9 millones de pesos confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Morena por el financiamiento ilegal de los gastos del partido con dinero retenido a empleados del municipio de Texcoco en la administración de Delfina Gómez, el Presidente afirmó, en su conferencia de ayer: “La acusación que le hacen es que cuando fue presidenta, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento, la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. Entonces esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo, me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal”.
Para el Presidente, el fin justifica los medios, bien claro lo dejó cuando se denunció el caso de su hermano Pío; cuando los actos tienen como finalidad fortalecer “al movimiento”, son automáticamente justificados, más aún, purificados. Sin embargo, las acciones que cometió esta “señora, esta mujer […] honesta, digna” son equiparables al delito de extorsión. De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión (considerada un delito de alto impacto) la comete aquella persona que “sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.
¿Cuántos de los 550 trabajadores a quienes se les descontaba mensualmente el 10% de su salario para la “causa” lo aceptaron de buena gana? Probablemente pocos, negarse no era opción, ¿no los obligó? El tema no es que se haya quedado con el dinero, sino que usó su poder y posición para violentar derechos y cometer delitos. Esa es la autoridad moral que este gobierno busca imponer.
Esta funcionaria, de la que se siente orgulloso el Presidente, no sólo no ha sido sancionada; su lealtad, ha sido premiada. Sin embargo, queda para la reflexión que, de acuerdo con la ley, la sanción por el delito de extorsión es una pena de dos a ocho años de prisión, además de una multa y, en caso de que la conducta la realice un servidor —o ex servidor—público, la destitución del cargo y su posible inhabilitación.
El prejuicio más común de este sexenio ha sido el asumir que quienes se amparan bajo el manto de la 4T son puros sin importar la evidencia en su contra mientras que, “los otros” son indudablemente culpables sin necesidad alguna de probarlo.
