El esclarecimiento oficial del asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua, muerta a tiros la mañana del 23 de marzo pasado cuando llevaba a su hijo a la escuela, ha tenido un impacto no previsto, al destapar como causa esencial del crimen la compleja conexión entre bandas del crimen organizado y políticos locales del PRI y el PAN, los dos principales partidos en la entidad.
El móvil del atentado, de acuerdo con versiones judiciales, fue una publicación de marzo de 2016 firmada por Miroslava como corresponsal del periódico La Jornada, en la cual revelaba que dos mafias rivales en Chihuahua, Los Salazar (cártel del Sinaloa) y La Línea (Cártel de Juárez) habían impuesto al PRI candidatos en una decena de alcaldías serranas para los comicios de junio de ese año. Tras esa revelación periodística, el PRI estatal, que conducía Guillermo Dowell Delgado, un operador político del entonces gobernador, el priísta César Duarte, debió cambiar las candidaturas.
En las indagatorias del caso ha quedado también evidenciado que miembros notables del PAN tanto en el ámbito local como en el estatal están igualmente al servicio de las mismas mafias. Más aún, integrantes de la familia de la periodista Breach han declarado que ella se sentía intimidada tanto por miembros del crimen organizado como por políticos estatales, presumiblemente en particular del PAN.
Esto ha abierto un flanco directo al gobernador panista Javier Corral, pues su actual secretario privado, José Luévano, identificado con la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue en esa época secretario general de Acción Nacional en la entidad y, según declaraciones judiciales, recibió al entonces alcalde de Chínipas, el panista Hugo Amel Schultz, quien se decía angustiado porque en su poblado se le señalaba como “fuente” del reporte de Miroslava, generado conjuntamente con la corresponsal de la revista Proceso, Patricia Mayorga, y publicado la misma fecha.
Luévano habría ordenado al vocero del partido, Alfredo Piñera, obtener de Breach un testimonio que deslindara a Schultz. Piñera interrogó a la periodista telefónicamente y ésta negó que el edil fuera su “fuente”. Lo que no supo fue que Piñera la grabó y entregó esa grabación a Schultz, quien a su vez la hizo llegar a la banda de Los Salazar, lo que, según los testimonios ministeriales, habría dictado la sentencia de muerte contra la periodista.
Schultz, Luévano y la alcaldesa Campos forman parte de una misma facción al interior del PAN. El ex alcalde de Chínipas estuvo siempre subordinado a Los Salazar, al grado de haber tenido durante sus tres años de gobierno como jefe de policía a Martín Ramírez, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano.
El problema tiene implicaciones nacionales, pues fue durante el gobierno del panista Felipe Calderón que se decidió alentar una confrontación entre la banda de Sinaloa (comandadas por Joaquín Chapo Guzmán) y la de Ciudad Juárez, que había convertido esta última plaza en una de las más letales del país, en plena frontera con Estados Unidos. Los primeros bautizaron su incursión como Gente Nueva, de donde se derivó el grupo serrano de Los Salazar, mientras que los segundos crearon La Línea como un nuevo brazo armado.
Ante el asesinato de Breach, la administración de Peña Nieto tomó bajo su control la persecución de los presuntos culpables en este caso sin duda emblemático, una vez que el gobierno de Javier Corral reportó que las pistas se perdían en la serranía estatal, en los límites con Sonora.
Luego de una entrevista privada de Corral con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, éste dispuso la intervención del Cisen y de la Policía Federal en la cacería de los asesinos materiales (al menos tres) y del presunto autor intelectual. Informes aportados a este espacio narran una tarea paciente de agentes federales que confiaron en el trabajo inicial del fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, un ex delegado estatal de la PGR.
Las indagatorias se orientaron a Sonora, por los reportes iniciales de que los criminales recibieron ayuda de policías de Chihuahua para huir hacia allá. En la zona de Álamos supieron del hallazgo del cadáver de un joven de 25 años que se ostentaba como gatillero, quien resultó ser René Zavala Corral, a quien se atribuye haber baleado a la periodista Breach. Días después pudieron finalmente detener a Juan Carlos Moreno Ochoa, quien se declaró culpable de haber ordenado el asesinato como un “regalo”, dijo, al patriarca de Los Salazar, Adán Salazar, detenido en 2011 y extraditado en 2012 a Estados Unidos como responsable del tráfico de estupefacientes vía Arizona.
Hay muchas preguntas abiertas en este caso, incluso sobre el móvil real del crimen y otros implicados en el mismo. Pero es suficientemente inquietante por ahora que el nuevo cariz cobrado por estos hechos esté convulsionando la política local, con el riesgo de un mayor impacto en el presente año electoral.
