Las gramáticas heredadas tienden a hacernos creer que el lenguaje y las acciones no cambian con el tiempo. Olvidamos que transitar por la historia añade diferencias a las prácticas de lo que se creía inamovible. Hoy, el concepto de “militarización” continúa interpretándose de la misma manera que se pensaba en los años de las dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, los 36 años de experiencia neoliberal expresan un cambio importante en el significado de esta práctica.

En este nuevo contexto, la militarización dio un giro decisivo en los países considerados en vías de desarrollo. Abandonó el carácter ideológico de implantar valores, perspectivas e ideales a la sociedad —dirigidos a imponer gobiernos autoritarios y dictatoriales, apuntalados por potencias imperialistas— para convertirse, en muchos casos, en el brazo paramilitar de las grandes corporaciones multinacionales.

Con el auge del neoliberalismo económico, el control militar del territorio se supeditó a los intereses estratégicos de las empresas globales. Esta práctica fue impuesta por las grandes potencias a los países “pobres”, a quienes obligaron a poner sus fuerzas armadas al servicio de compañías trasnacionales facilitando las condiciones para la extracción de recursos naturales. Incluso, a costa del sufrimiento de las poblaciones nativas.

Un ejemplo es la guerra contra el narcotráfico instrumentada en México, por acuerdo del expresidente Felipe Calderón, donde la ocupación militar abrió extensas regiones a prácticas extractivas trasnacionales de explotación.

Federico Mastrogiovanni, uno de los primeros periodistas que denunció la práctica gubernamental de desapariciones y desplazamientos forzados para acceder a territorios ricos en energéticos en el norte de nuestro país, exhibe con información documentada que mientras el gobierno calderonista declaraba emplear a los militares para erradicar al cartel de “Los Zetas” en Tamaulipas y estados vecinos, en esa misma zona se encontraban conglomerados trasnacionales y élites políticas y empresariales dedicados a la edificación de megaproyectos de explotación de gas “shale” en la Cuenca de Burgos.

Al sobreponer los sitios de proyectos de extracción con los territorios, donde la ocupación militar tenía lugar en la supuesta “guerra contra el narco”, es posible observar una importante coincidencia. Los trabajos concurrían en las mismas regiones del noroeste de México con epicentro en el estado de Tamaulipas.

Actualmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta instaurar una fuerza militar en otro registro. Ciertamente, existe una ampliación de responsabilidades y recursos otorgados a las Fuerzas Armadas en México, pero su función tiene un carácter social, no ideológico ni de control de la población. No implica la promoción de valores y actitudes militares en la educación, la cultura y las costumbres. Y, tampoco va aparejada del protagonismo de militares y cuerpos de seguridad en la vida pública del país.

Se trata de un cuerpo militar que actúa bajo las órdenes del comandante supremo, personificado en la figura del presidente de la República, un ciudadano civil elegido democráticamente.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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