En el PRI estamos seguros de que el próximo Gobernador de Coahuila será Miguel Riquelme. Tenemos la certeza de contar con todos los elementos para demostrar la legalidad del proceso. Lo sabemos porque tenemos un gran representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ha sabido defender a capa y espada la voluntad de los coahuilenses, para que el resultado expresado democráticamente en las urnas sea respetado.

El presidente del CEN del PRI, el dr. Enrique Ochoa Reza, ha demostrado su compromiso y liderazgo al atender este tema de manera personal y con el coraje y valor que lo caracterizan. Él mismo sostuvo reuniones con expediente en mano ante los consejeros del INE, para demostrar uno a uno los gastos y desmentir los señalamientos de violación de las normas electorales por parte del candidato Miguel Riquelme.

Confiamos en que Miguel Riquelme será gobernador al observar que de manera sistemática el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado varias de las resoluciones del INE, la mayoría de ellas por las excesivas atribuciones o aplicación errónea de las leyes y procedimientos. Para muestra lo siguiente:

En abril de 2015, el TEPJF revocó en parte el acuerdo del Consejo General del INE por el que se resolvía que la empresa DISH debía pagar a las televisoras Televisa y TvAzteca 7.7 millones de pesos por la retransmisión de spots electorales. Según la sala superior del tribunal, no se tomaron las consideraciones necesarias. En ese mismo mes el tribunal invalidó la resolución del INE que ordenaba sacar del aire un spot del PAN.

En agosto de 2015, el tribunal encontró faltas en los dictámenes de fiscalización que hizo el INE respecto a las elecciones de junio de 2015, por lo que revocó 16 dictámenes locales y el dictamen de la elección federal, y le ordenó al instituto resolver las quejas sobre su proceso de fiscalización; se incluyó también la orden de modificar la resolución sobre gastos del PVEM, en donde sumaban como gasto de campaña acciones de gasto ordinario. El instituto presentó una falta de información y de criterio, además faltó a su deber jurídico de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

En marzo de 2016, el TEPJF invalidó el acuerdo del INE que obligaba a los partidos políticos a postular a más mujeres como candidatas, cuando los espacios fueran impares: el argumento fue que se sobrelimitaron en sus atribuciones, violentando preceptos constitucionales, no se respetó la ley y se excedieron en sus lineamientos.

A finales de 2016, la sala superior del TEPJF, revocó por unanimidad, las medidas cautelares del INE contra Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, por sus apariciones en programas de Televisa. La resolución, en resumen, fue que el INE no tenía facultades, no realizó un análisis objetivo y no consideró la importancia de los medios de comunicación.

En marzo de este año, el tribunal dejó sin efectos el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE en el que reducían un 10% las remuneraciones de los consejeros electorales y los mandos superiores del instituto. El argumento del tribunal fue que el INE carece de facultades para determinar esa resolución y es incompetente para emitir acuerdos sobre las remuneraciones de los consejeros.

De la misma manera se anularon las medidas cautelares del INE, impuestas al precandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila; según la Sala Superior del Tribunal, la resolución del INE va en contra de la naturaleza de las medidas cautelares. Según los magistrados, no se realizó el análisis de fondo necesario y no se determinaron completamente las consecuencias jurídicas.

Esta vez, en el caso de Coahuila, el INE aplicó normativas sin validez, reglas equivocadas y negó el derecho de réplica; si bien, realizan su trabajo, tenemos la certeza de que el TEPJF verificará y ratificará el triunfo de Miguel Riquelme.

Presidente nacional del Institutode Capacitación y Desarrollo Político