Héctor Barrientos llegó a México con su familia para buscar asilo, desde Guatemala. Su desplazamiento sobre territorio mexicano coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19 y se alojó en la Estación Migratoria de Tenosique. Ignoraba que esa sería su última parada. Ante la falta de insumos médicos, sanitarios y de medidas mínimas para enfrentar la pandemia, el 31 de marzo varios migrantes decidieron iniciar una manifestación. Héctor se vio atrapado en lo que se convirtió en un motín dentro de la estación migratoria que culminó en un incendio. La policía estatal o la Guardia Nacional que debieron protegerlos, decidieron bloquear la salida. Fue a consecuencia de esto que Héctor perdió la vida.

Las causas que originaron la muerte del Sr. Barrientos no han sido investigadas, tampoco se han establecido responsabilidades respecto a los policías y militares que estuvieron presentes y bloquearon la salida. Esta es solo una de muchas historias de víctimas que han perdido la vida en medio de la confusa política migratoria del gobierno federal.

Junto con otras 23 organizaciones, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, documentaron los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas. No sobra replicar aquí el contexto en el que colocan a la población migrante frente a la crisis sanitaria: “La pandemia de Covid-19 ha cobrado muchas vidas en todo el mundo, sin embargo, la vulnerabilidad de las personas no es la misma. Hay sectores de población que se encuentran en situación de discriminación estructural y de mayor vulnerabilidad como las personas migrantes o en situación de movilidad, cuya condición se agrava en el contexto de pandemia debido a la restricción en el acceso a derechos universales como la salud, la alimentación, vivienda y trabajo”.

Lo alarmante y sin duda lo más relevante del informe se refiere a la forma en que autoridades han incumplido con sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud y la vida de migrantes y solicitantes de asilo en México. Las organizaciones denuncian que ni siquiera han logrado que el Dr. Hugo López-Gatell les dé una reunión para presentar los hallazgos. Responsabilizan a la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad, el Instituto Nacional para la Migración, la Comar y la Secretaría de Relaciones Exteriores del estado crítico en el que se ha expuesto a los migrantes.

En el transcurso de la pandemia, las deportaciones de personas migrantes desde EU a diversos países de la región no han parado, pese a los brotes de Covid dentro de los centros de detención migratoria estadounidenses. Asimismo, el cierre de fronteras entre EU y México a partir de la pandemia ha aumentado la situación de riesgo para personas migrantes que ya se encontraban en el norte de México bajo el programa “Quédate en México”.

Todo indica que, en el año electoral estadounidense, el gobierno de México ha ajustado su política migratoria para atender a los intereses del país vecino, con la que Donald Trump queda bien parado ante sus seguidores, aunque esto implique la pérdida de vidas y atente contra la salud e integridad de quienes transitan por nuestro territorio.
Varias de estas organizaciones presentaron amparos para proteger a los migrantes. Han recibido resoluciones amplias y protectoras y otras que violan derechos de migrantes. El informe es contundente en afirmar que el rol del Poder Judicial será fundamental para garantizar los derechos de la población migrante. Que así sea.

Google News