En 2020, la pandemia y las decisiones gubernamentales desatinadas exacerbaron los niveles de pobreza y la falta de acceso efectivo a derechos básicos.

Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) se sabe que, entre 2018 y 2020, se registraron 3.8 millones de personas adicionales en situación de pobreza, 2.1 millones de ellas en pobreza extrema. Además, 15.6 millones de personas perdieron el acceso a servicios de salud públicos o privados, quedando a la deriva en un año por demás complicado ante la emergencia sanitaria que no se acaba.

Estos datos no son alentadores, ni siquiera si los comparamos con las peores proyecciones. ¿Qué se les dice a las familias que dejaron de comer alimentos nutritivos por menores ingresos? ¿Cómo se justifica con una madre que perdió a un hijo enfermo por no tener las medicinas para tratarlo?

Un documento del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Las distintas caras de la pobreza, muestra que el incremento real de 13% en el gasto federal en programas sociales entre 2018 y 2020 fue insuficiente para evitar el crecimiento de 24% de personas en pobreza extrema.

En parte, esto se asocia al diseño universal de la mayoría de los programas sociales que fue incapaz de priorizar a quienes más lo necesitan.

Las transferencias para las familias más pobres del país (aquellas en el primer decil) cayeron 24%, mientras que las que llegaron a las familias con más recursos (décimo decil) aumentaron 15%.

En Querétaro, los datos muestran una historia similar a la nacional, pero con cambios mayores. En el estado, uno de cada tres queretanos vive en pobreza, lo que equivale a 750 mil habitantes. Fue la cuarta entidad con el mayor crecimiento desde 2018. Destaca que el número de personas que sufren pobreza extrema aumentó 82%, ¡un cambio 3.5 veces mayor que el observado a nivel nacional!

A su vez, 229 mil queretanos -casi 21% de la población- reportaron perder el acceso a servicios de salud en comparación con 2018, lo que equivale a un aumento de 84%. A nivel nacional este indicador creció 78%.

Parte de este desafortunado resultado se asocia con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya implementación de arranque no pudo absorber a la misma proporción de afiliados que tenía el Seguro Popular.

A pesar de que esa fue una decisión federal, los gobiernos locales no pueden hacer caso omiso a esta carencia si quieren contar con una población más sana y productiva. Esta situación cobra especial relevancia en Querétaro, que es el cuarto estado con menor tasa de camas de hospital por habitante, según el Índice de Competitividad Estatal 2021 del IMCO.

Hay que reconocer que en la entidad la proporción de personas con rezago educativo es menor que a nivel nacional, con 17%. Además, este indicador cambió muy poco desde 2018. No obstante, hay que monitorearlo de cerca puesto que, con las clases a distancia y las necesidades económicas que ha generado la pandemia, se podría ver un incremento en el largo plazo por jóvenes que abandonan sus estudios.

Los datos de Coneval son un termómetro objetivo de los saldos que ha dejado la pandemia. No se deben ignorar. Si queremos superar esta situación y consolidar regiones más competitivas es fundamental que los gobiernos inviertan más y mejor en su gente.