Aunque el meollo de la Reforma Educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador es eliminar el modelo de evaluación docente impuesto en la administración de Enrique Peña Nieto, la verdad es que con la aprobación de esta nueva legislación se avizora una crisis que puede poner en jaque a las universidades públicas estatales (UPES), en las que estudian alrededor de 1 millón 400 mil jóvenes de nuestro país.

A pesar de las reiteradas declaraciones por parte de los rectores de estas instituciones, incluyendo a la Dra. Teresa García Gasca de la Universidad Autónoma de Querétaro, alertando sobre los conceptos de gratuidad y universalidad que están contemplados en dicha legislación; los diputados federales y los senadores, en su mayoría del partido Morena, han hecho oídos sordos desde el principio.

Primero, se intentó borrar el concepto de autonomía del artículo 3 de la Constitución Política; y después, se introdujo la intención de que las UPES no cobren sus cuotas ni los trámites administrativos, a fin de hacer la educación superior totalmente gratuita. Aunque esto puede sonar plausible, hay que reconocer que tanto las pasadas administraciones federales, como la actual, incluso las estatales también, se han caracterizado por regatearles los recursos a las casas de estudio, aunque son las que atienden a la mayor parte de la población juvenil y las que, por ejemplo, como en el caso de la UAQ, son impulsoras de la investigación, cultura y la ciencia en las entidades.

Conforme crece el sector de la población en edad universitaria, las UPES tienen cada vez más demanda; pero el subsidio, al contrario, va decreciendo. Entre la inflación y la disminución de fondos de programas concursables, el hecho es que el poder adquisitivo de las instituciones se reduce cada año y con cada ejercicio presupuestal.

Como candidato, AMLO se comprometió con los rectores de las universidades estatales a apoyar a estas instituciones y dotarles de mayores recursos, con el objetivo de que pudieran ampliar su cobertura, mejorar su infraestructura e impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Como Presidente, en esta semana, López Obrador les solicitó a las UPES hacer “mejor uso” de su presupuesto para poder suspender las cuotas que se cobran a los estudiantes.

“El estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación a todos los niveles. Eso tiene que llevar a que haga un esfuerzo a que se suspendan las cuotas en las universidades públicas, porque en efecto en la mayoría de las universidades públicas se cobran cuotas”, argumentó hace algunos días.

Con este discurso, AMLO juega con dos conceptos diferentes. Por un lado, señala la responsabilidad del Estado de garantizar la educación; pero, inmediatamente después, recarga en las universidades la obligación de suspender las cuotas, sin considerar el impacto negativo que tendría esto en su operación.

Veamos a detalle: un alumno de la UAQ paga entre mil y mil 600 pesos al semestre por concepto de inscripción o reinscripción a nivel licenciatura, dependiendo de la carrera que haya escogido; esto quiere decir que por alumno, la Autónoma de Querétaro “cobra” 266 pesos al mes, en promedio. En comparación con universidades privadas en donde la inscripción supera los 7 mil pesos y  mensualmente se cobra entre 3 mil y 5 mil pesos, las más económicas; sumando alrededor de 20 mil pesos al cuatrimestre; aunque algunas llegan hasta los 100 mil pesos.

Con esos 266 pesos al mes por alumno, la Autónoma de Querétaro cubre, apenas, el total del gasto de operación de la Casa de Estudios; sin considerar las ayudas sociales que ofrece, la inversión en arte, ciencia y tecnología, sueldos y prestaciones, materiales y suministros, servicios generales, así como el gasto de inversión para más aulas, más campus y más equipamiento, recursos que en teoría deberían provenir del estado y la federación.

Otra vez, como en el caso de las estancias infantiles, AMLO argumenta que hay corrupción y derroche en las instituciones, pero no ofrece pruebas, y mide a todas las casas de estudio con la misma vara. Plantea a la sociedad una visión maniquea de las universidades, sin considerar que, además de preparar a los jóvenes profesionistas a un nivel altamente competitivo, la mayoría de ellas brindan servicios importantes a la comunidad, que también deberían ser ofrecidos por el Estado y que éste ha abandonado.

Con la aprobación casi cantada de la nueva Reforma Educativa hay incertidumbre para las UPES de México. Sólo cabe esperar que la sociedad y las comunidades universitarias en todo el país cierren filas con sus Casas de Estudio, de modo que todavía no se haya dicho la última palabra.  #PorLasUniversidadesPúblicas

Licenciada en Periodismo y Comunicación UAQ

Google News