Las temporadas electorales calientan ánimos y desatan denuncias entre los actores políticos. Las acusaciones presentadas contra funcionarios en Veracruz por buscar rentabilidad electoral de los programas sociales, que pusieron en riesgo la continuidad del Pacto por México, son muestra palpable de la sensibilidad de los partidos al mal uso de los recursos públicos por parte de sus adversarios para influir ilegítima e ilegalmente en el sufragio ciudadano.

El desvío de recursos públicos en favor de algún partido o condicionar la prestación de servicios públicos al voto son delitos tipificados en el artículo 407 del Código Penal federal, por lo que no cabe duda de que dichas conductas deben ser sancionadas.

Ahora bien, el problema es que el escándalo se desata y sube de tono sólo cuando el partido que denuncia se ve en riesgo de ser perjudicado en las votaciones o porque quiere sacar provecho electoral. La temporalidad electoral de las denuncias muestra que con frecuencia a los partidos no les conmueve el mal uso de los recursos sino el que sus competidores se beneficien de ello.

Mientras los programas sociales se sigan viendo como dádivas, continuaremos en la lógica del absurdo. ¿A alguien se le ocurre cancelar el servicio de basura o de agua en época electoral? Por supuesto que no, esos servicios se dan por descontados por la población. Pues lo mismo habría que hacer con el conjunto de bienes y servicios públicos: hacerlos universales, no sujetos al capricho u ocurrencia del mandatario en turno. Lo anterior implica la edificación de un auténtico Estado social de derecho. Para construirlo se necesitaría salir de la noria electoral, trascender la idea de que la política es el mero juego de “quítate tú para ponerme yo”.

Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM