La mariguana se discute en clave binaria. A la prohibición, se ofrece como alternativa un modelo comercial, a la manera del tabaco o el alcohol. Con más o menos regulaciones, con más o menos impuestos, pero en el molde de distribución de las sustancias legales. Productores, distribuidores y comercializadores privados, todos movidos por el afán de lucro.
Esa dicotomía es paralizante. Exacerba los temores de un público conservador que mira con recelo a una sustancia asociada, con razón o sin ella, a la criminalidad y la marginalidad. Solidifica las coaliciones favorables al status quo, particularmente entre médicos y especialistas de salud pública que no quieren ver otra droga en manos de cabilderos y publicistas.
Existen, sin embargo, alternativas. En un reporte reciente de la Rand Corporation, se listan 12 posibles marcos regulatorios para la mariguana (http://ow.ly/KHX7V). Las opciones van desde la prohibición absoluta hasta un mercado casi enteramente desregulado.
Las posibilidades más interesantes se ubican en los puntos intermedios:
Legalizar el cultivo para autoconsumo y regalo, pero mantener una prohibición para la comercialización,
Establecer un régimen de tolerancia para la venta detallista, sin alterar la prohibición para la producción (el modelo holandés)
Permitir crear cooperativas de consumidores, a la manera de los clubes sociales de cannabis en España,
Establecer un monopolio estatal en todas o algunas de los eslabones de la cadena productiva,
Legalizar la producción, distribución y comercialización, para organizaciones sin fines de lucro
Estos son tipos ideales. Son posibles múltiples permutaciones y soluciones híbridas. En Uruguay habrá producción privada, pero en terrenos públicos, un monopolio del Estado en la distribución al mayoreo, y venta al público en farmacias privadas (este último punto sigue a discusión). Y dentro de cada modelo, caben diferencias significativas: en el estado de Washington, los impuestos especiales a la mariguana son casi cuatro veces mayores que en Colorado.
Asimismo, es posible regular de manera distinta diversas formas de consumir mariguana. En Colorado, como ilustración, se está discutiendo la posibilidad de establecer restricciones (o incluso prohibir) algunos productos comestibles con cannabis (por ejemplo, dulces). En Óregon, la reciente legislación que legalizó la mariguana mantuvo una prohibición para la producción casera de un tipo específico de extracto de cannabis (conocido como butane hash oil, o BHO).
Pensar en términos de un continuo regulatorio y no de decisiones binarias (prohibir/legalizar) abriría la puerta para una discusión más sofisticada sobre costos y beneficios. Asimismo, permitiría construir soluciones que atiendan las dudas y temores específicos de diversos sectores de la población. En esta fase de la discusión sobre la mariguana, se requieren más tecnócratas y menos activistas, más debates sobre modelos regulatorios específicos y menos condenas genéricas a los males de la prohibición o la legalización.
Sin esa evolución conceptual, vamos a seguir atorados en un debate estéril, conducido a 30 mil pies de altura, entre los que sólo ven los costos del status quo y los que imaginan una hecatombe de consumo irrefrenable. El tema es demasiado importante para quedarse en abstracciones.
Analista de seguridad. @ahope71
