Aunque Andrés Manuel diga que “no hay ningún descontento al interior de las fuerzas armadas…” la marcha de militares activos, en retiro, y de sus familiares, el pasado domingo 12 de marzo, en más de 24 ciudades del país, expresa lo contrario.

Por primera vez en la historia moderna del país un grupo de militares sale a la calle para expresar su inconformidad con una política de gobierno (“abrazos, no balazos”), que afecta directamente a la tropa.

El sector mejor disciplinado y leal al gobierno y a las instituciones se percibe fragmentado porque por primera vez sale de los cuarteles —sin el permiso de la cúpula militar— a manifestarse en contra del injusto trato que reciben de las autoridades.

Contrariamente a lo que algunos han tratado de interpretar, la marcha no tuvo como propósito obtener el permiso para matar, sino obtener la autorización para defenderse; así como ser tratados con justicia porque a ellos sí se les castiga cuando hieren o asesinan a un delincuente, pero a los delincuentes no se les persigue ni castiga cuando hieren o asesinan a un militar.

De acuerdo con el informe rendido por el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval en septiembre de 2022, 33 militares han sido asesinados y otros 228 han resultado heridos por la delincuencia organizada en el periodo diciembre de 2018 a septiembre de 2022 que cubre dicho informe.

Para algunos analistas, independientemente del número de personas que marcharon, esta manifestación de inconformidad militar es histórica por el hecho en sí, como porque expresa divisiones con los altos mandos castrenses y con la fallida política de AMLO que los expone a ser víctimas de la delincuencia organizada; porque habiendo sido adiestrados para repeler agresiones armadas e imponer su autoridad, quedan a merced de los delincuentes.

Un indicador del malestar han sido los más de 20 mil militares que se han dado de baja o desertado en la presente administración por no estar de acuerdo con entregar sus armas a los delincuentes, con la violencia, humillaciones, persecuciones, golpizas que han recibido, cuando no es su papel ser policías; y que, además, se les criminaliza por realizar esas tareas.

Lo que no puede negar ni ocultar López Obrador es que la delincuencia organizada controla cuando menos el 35% del territorio nacional; que el número de víctimas de la violencia, en su gobierno, es históricamente el más alto registrado hasta ahora. Superior incluso al de sus antecesores. Ni puede negar que su política de seguridad es un fracaso.

Según él, al día siguiente de tomar posesión se acabaría el problema; posteriormente se comprometió que sería a los seis meses; por último, pidió ampliar el plazo a 3 años. Ya van más de 4 años y las cifras de víctimas lo definen como el sexenio más violento en la historia de México.

Para muchos son preocupantes tanto las 24 marchas del 12 de marzo, como las consecuencias que ello puede tener al interior de los institutos armados si en lugar de la prudencia y la atención a los legítimos reclamos se aplica el rigor de los castigos. Preocupa que la inteligencia militar no se haya percatado de este malestar interno y que la cúpula militar no la haya atendido oportunamente.

Mientras el presidente siga protegiendo y brindando impunidad a los narcos, y el ejército siga poniendo los muertos, la inconformidad de la tropa seguirá viva y tomando la calle sin importar los castigos. Los militares también son pueblo.