A lo largo de su historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) —antes Instituto Federal Electoral— ha sido el encargado de portar, con luces y sombras, el estandarte de la democracia en México. Su papel como juez independiente fue determinante para lograr la transición de forma pacífica. Y en momentos complejos ha sido un piso firme sobre el cual construir los consensos necesarios para conducir el país. No se puede entender, hoy, la arquitectura institucional de México sin el INE y su rol en la democratización de la vida pública de México.

Por ello, los cuatro nuevos consejeros deben ser elegidos pensando en la autonomía absoluta del Instituto, en su absoluta independencia profesional y en una intachable trayectoria profesional y personal, de tal forma que se mantenga una distancia creíble y medible con respecto a los tres poderes de la Unión; especialmente con respecto al poder Ejecutivo.

En el pasado, las elecciones las organizaba el propio gobierno, quien era juez y parte de todo proceso electoral. El padrón de electores no representaba la realidad y en algunos distritos electorales el candidato ganador obtenía más votos que electores inscritos. Coincidentemente siempre ganaba el partido del gobernante que organizaba las elecciones.

A pesar de que mucho hemos avanzado desde la creación del Instituto Electoral, no podemos cantar victoria. Las y los mexicanos debemos valorar lo que hemos ganado y lo debemos defender como un activo valiosísimo. La democracia es y debe ser siempre nuestro único camino de futuro como nación.

En el próximo proceso de elección de consejeros, las y los mexicanos estamos llamados a exigir, con determinación y con la Constitución en la mano, que la autonomía del INE se mantenga y, de ser posible, se amplíe. No podemos esperar que las cosas se hagan solas. Solamente una ciudadanía activa puede asegurar que los preceptos constitucionales no sean letra muerta, sino principios vivos que impactan de forma directa en nuestra realidad.

A lo largo de la presente administración —como también es cierto que ocurrió en anteriores administraciones— hemos sido testigos de la imparcialidad evidente en la elección de los dirigentes de los organismos públicos autónomos. Pasó en la elección del Fiscal General. Pasó en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Poco a poco, el sistema de pesos y contrapesos —elemento esencial de un Estado constitucional de derecho— ha sido desmantelado por el Presidente y su partido. El Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, los Estados federales y la CNDH. Uno a uno se han ido desvaneciendo los mecanismos que podían acotar el ejercicio del poder presidencial. Un grave riesgo para la vida democrática de México.

Cuando existe una ausencia de espíritu democrático en los niveles más altos, esa misma ausencia se materializará en la vida diaria de los mexicanos. Una presidencia sin contrapesos, un país sin organismos autónomos, dará origen a un futuro menos democrático y justo para todos los mexicanos.

Si queremos que las próximas elecciones sean imparciales; si queremos que se respete cada uno de los votos depositados en las urnas; si queremos que nuestros dirigentes sean el reflejo de nuestra voluntad; si queremos un México democrático, debemos mantener el terreno ganado.

El INE debe mantener la autonomía suficiente para garantizar la legalidad de las elecciones. Ninguna fuerza política debe interferir con esta noble tarea, ni si quiera las fuerzas políticas que hayan obtenido mediante el voto la mayoría legislativa. Es el principio de toda democracia. Y luchar por esto es tarea de todos los mexicanos.