La falta de información y transparencia de Gobierno del Estado, más la ausencia de (auto) crítica por sus omisiones o inacción en problemáticas de interés público, deberían motivar una gran exigencia ciudadana para obligar a realizar “conferencias mañaneras” en las que comparezcan el mandatario Francisco Domínguez Servién e integrantes de su gabinete, sobre todo aquellos que prefieren esconderse de los medios y periodistas durante semanas.

Si bien son perfectibles tanto la intención como el ejercicio que realiza el gobierno federal desde diciembre 2018, con la presencia en su mayoría de periodistas y gente de los medios que pregunta, cuestiona y en ocasiones polemiza con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la realización de las “mañaneras” en Querétaro implicaría más compromiso a cumplir el derecho a la información que tienen los habitantes del estado.

La propuesta de estas líneas va encaminada a que los ciudadanos exijamos que los gobiernos (estatal, municipales) y representantes de los Poderes institucionalizados en Querétaro cambien su chip de opacidad y renuencia a hablar de temas que consideran les generan incomodidad (feminicidios ocurridos y gasto en publicidad oficial, por ejemplo), para mostrar apertura ante reporteros de diferentes medios de comunicación (públicos y comerciales).

Esta práctica podría ayudar a disminuir el despilfarro exagerado de recursos públicos que hace Gobierno del Estado en “comunicación social”: de 2017 a 2020, las diputadas y los diputados de la LVIII y la LIX Legislatura han autorizado 486 millones de pesos para este rubro, como se publicó en el artículo “La OsKuridad del presupuesto 2020” al citar cifras de “La Sombra de Arteaga”.

Si bien el atropello a la ciudadanía con el gasto de cientos de millones de pesos para “servicios de comunicación social”, “comunicación social” y otras denominaciones similares no son exclusivos del sexenio ni del gobierno de FDS, con recursos de todos los ciudadanos sin que se les pregunte su opinión, tiene la posibilidad de poner el ejemplo o sentar precedente en el estado para romper esa práctica de mantener silenciados a los medios con la publicidad oficial.

En vez de destinar la tercera parte o la mitad de los 281 millones de pesos autorizados para este año, podría destinar esos recursos para preparar la logística e infraestructura necesarias tanto en Palacio de la Corregidora como en poblaciones de la Sierra Gorda y el Semidesierto —para cuando andan de “gira”—, de manera que las y los periodistas pregunten, cuestionen y ejerzan su labor, sin veto, limitaciones ni preferencia por ser de un medio específico.

Más allá de la periodicidad en la realización de este ejercicio, cada tercer día, dos veces a la semana o diariamente, la relevancia estaría en mostrar disposición y compromiso real en los hechos, más allá de las palabras, a cumplir con el derecho a la información.

Esta práctica la podrían retomar alcaldes como Luis Bernardo Nava Guerrero (capital), Enrique Vega Carriles (El Marqués), Roberto Sosa Pichardo (Corregidora) o Guillermo Vega Guerrero (San Juan del Río), emanados del mismo partido político que el gobernador (PAN).

Así, por ejemplo en el caso de la administración de Nava Guerrero, también podría ahorrarse o evitar dispendios como el de 143 millones de pesos (mdp) de recursos públicos autorizados entre 2019 y 2020 para “servicios de comunicación social y publicidad”: 98.6 millones para 2020, como quedó asentado en el Presupuesto de Egresos aprobado y en su momento denunció el regidor Luis Gabriel Osejo en sesión de cabildo, más los 44.7 millones autorizados en 2019.

El intercambio de preguntas y respuestas entre funcionarios públicos y periodistas en las “mañaneras” podrían abonar al debate y la responsabilidad en el quehacer de sus acciones. Las y los titulares de secretarías, fiscalías, institutos y departamentos deben comparecer y responder preguntas de periodistas, sobre todo de medios públicos de la Universidad y aquellos colegas que no ponderan el ingreso publicitario de la autoridad en sus preguntas o comentarios.