La Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente, que para combatir el Covid-19 es indispensable pasar a una estrategia ofensiva, que detenga con efectividad la propagación del virus.

Ello implica un reto importante para los gobiernos en cuyos países se han detectado infectados, pues una estrategia ofensiva no se limita a pedirle a la población que aplique medidas preventivas o que guarde la sana distancia, sino que implica una actitud activa con políticas públicas y planes de acción concretos.

Más allá de la cuestión sanitaria (que de por sí es complicada, pues los números a nivel mundial han rebasado la barrera de los 300 mil contagios y 16 mil muertos); ahora los gobiernos deben atender también las repercusiones sociales que preceden al virus y las económicas que lo secundaran.

Me refiero por un lado, a la falta de acceso de millones de personas a servicios públicos indispensables como el agua potable.  La carencia del vital líquido en zonas alejadas que, por su precariedad, difícilmente podrán seguir las recomendaciones de higiene que pide la OMS, agrava sin lugar a dudas las condiciones de salubridad.

El constante lavado de manos es una de las principales instrucciones; sin embargo, ¿Cómo podemos solicitar el cumplimiento de estas medidas, cuando se carece del elemento fundamental que es el agua? Ese y otros rezagos sociales como la hambruna o la falta de vivienda, son algunos de los retos que tendrán los estados nacionales, frente a una pandemia que cada vez se propaga más.

Por otro lado, el llamado a permanecer en casa y guardar distancia ha provocado una desaceleración en el consumo, cuyas repercusiones económicas están empezando a sentirse. A nivel macroecónomico en México, la caída en el precio del petróleo ha generado un déficit de alrededor del 30%; así como la depreciación de la moneda nacional, pasando de $19.80 a más de $25.00 pesos por cada dólar, con lo que los tambores de una recesión global se sienten cada vez más cerca.

Por ello, es momento que los gobiernos, y especialmente el de nuestro país, pasen de la expectación a la acción. 
Como lo ha mencionado la OMS, es momento de actuar, pues las repercusiones del virus pueden ser irreversibles. Cientos de personas están muriendo, otras se están quedando sin empleo y muchas más están cerrando sus negocios.

Así pues, deben adoptarse medidas concretas y efectivas para contener el brote del virus, pero por otro, es indispensable emplear programas emergentes para disminuir la brecha del rezago social y atenuar los efectos económicos, aunque sea, durante el tiempo de la contingencia.

Desafortunadamente, la persona que debe tomar las decisiones en nuestro país está esperando a que entremos en “otra fase”; donde haya una situación adversa, con escenarios de pánico colectivo o de hospitales colapsados.

En respuesta, la población y los gobiernos locales ya están actuando en consecuencia, y no comparten “la espera” del gobierno nacional, pues están decididos a combatir el virus desde este momento y así, evitar su expansión. Por lo pronto, en tanto se implementa una estrategia nacional, nosotros tendremos que enfrentar el fenómeno, con pequeñas acciones por mínimas que éstas sean.

No obstante, es dable recordar a quienes hoy conducen las acciones del gobierno federal que, en el servicio público, la omisión también genera responsabilidad.