Las iniciativas que han buscado eliminar las diputaciones “plurinominales” han sido una constante en nuestro sistema político desde su creación, producto de la reforma electoral de 1977. Antes de entrar a la discusión debo hacer una precisión técnica: el término correcto es diputaciones de representación proporcional, lo que —al igual que en el caso de las y los representantes de mayoría— se refiere al mecanismo a través del cual se eligen. La denominación “plurinominal” se refiere al tipo de circunscripción electoral en la que este tipo de representantes son electos, misma que puede ser “uninominal” cuando hay un cargo en disputa y “plurinominal” cuando se trata de dos o más.

En el caso de las circunscripciones federales, hay 40 curules por circunscripción. En México el tipo de circunscripción coincide con el formato de elección, de tal suerte que los escaños de representación proporcional se eligen en circunscripciones plurinominales y los de mayoría en uninominales; sin embargo, no son sinónimos.

El presidente López Obrador ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de desaparecer los 200 escaños de representación proporcional.

En principio es una propuesta popular, especialmente si consideramos que quienes integran los órganos legislativos en este país tienen una de las peores evaluaciones por parte de la ciudadanía, sólo por arriba de las y los jueces, la policía, los periódicos y las televisoras. Una encuesta de SIMO Consulting, publicada en El País, el pasado mes de mayo, muestra que el 62% de los encuestados tiene poca o nula confianza en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no por ello, la propuesta rescatada por el Presidente se sostiene. En la discusión en torno a la desaparición de las diputaciones de representación proporcional hay dos prejuicios, el presupuestal y el democrático; en este espacio abordo el primero.

En términos financieros, eliminar las 200 diputaciones de RP implicaría el ahorro de salario, prestaciones, bonos y equipo de trabajo de 200 representantes, lo que sin duda implicaría una reducción en el presupuesto de la Cámara de Diputados que, en 2021, asciende a 8 mil 282 millones de pesos. Sin embargo, ¿es significativo? Pareciera que no, el salario anual de 200 representantes equivale al 2.18% del presupuesto. Evidentemente a eso se suman otros muchos gastos pero, aún así, sólo representaría un ahorro marginal al presupuesto del legislativo. Si de ahorrar se trata, en todo caso deberían considerar eliminar 200 diputaciones de mayoría relativa; lo que implicaría el mismo ahorro en términos del costo por legislador pero, adicionalmente, un ahorro para el INE al eliminar 200 juntas distritales, cada una de las cuales tiene alrededor de 7 integrantes del servicio profesional electoral más la estructura de apoyo administrativo. Evidentemente esto no es deseable pero, desde una perspectiva meramente presupuestal, sería mucho más útil eliminar 200 de los 300 escaños de MR con sus respectivos 200 distritos que los 200 de RP.

Si nuestras y nuestros representantes son eficientes o no y si el costo que representan es demasiado elevado para las y los contribuyentes es otro asunto. El problema es usar la tijera y el argumento de la austeridad como bandera política sin tener claridad alguna sobre sus implicaciones reales en términos económicos y, sobre todo, democráticos, pero eso lo discutiremos la próxima semana.

Twitter: @maeggleton

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