En Palmarito, Puebla, los huachicoleros tienen eso que a los especialistas les encanta llamar “cobijo social”. La gente convive con ellos, se nutre de ellos, los protege, se amalgama, se convierte. Ahí donde el Estado no llega, el robo de combustible se ha vuelto la alternativa.

En las últimas semanas, hay una tentación oficial de justificar su incapacidad de combatir a los huachicoleros en el hecho de que hay ciudades enteras donde se mueven a sus anchas, porque la sociedad se los permite… y todo mundo se lleva su tambo de combustible ilegal.

Pero el asunto del robo de combustible va mucho más allá de un ama de casa que se beneficia de un par de bidones y es capaz de salir a la calle para exigir que no se metan con lo suyo.

Desde finales del sexenio pasado y a inicios de este, en Pemex se reforzó la inversión en un área de inteligencia para tratar de disminuir la ordeña de ductos. A pesar de responder a dos administraciones federales de distintos partidos –la panista de Felipe Calderón y la priista de Enrique Peña Nieto–, las conclusiones fueron las mismas: había colusión de personal del Ejército, de alcaldes, de funcionarios de Pemex y de integrantes del sindicato que encabeza el senador priista Carlos Romero Deschamps. Voy uno por uno.

Los militares. Así como sucedió con el narco en la sierra, que terminó cooptando a comandos del Ejército que debían perseguirlo, las áreas de inteligencia del gobierno federal tuvieron acceso a fotografías –lo denunciamos en su momento en estas Historias de Reportero– de militares atestiguando pasivamente la ordeña de ductos de Pemex.

Quizá por eso indignan el doble las imágenes de buenos soldados que caen muertos en la batalla contra los criminales. Quizá por eso indignan el doble las imágenes de malos soldados ejecutando a sus adversarios sometidos y desarmados.

Los alcaldes. Las labores de inteligencia oficiales detectaron que por años, en abuso de las nacientes leyes de transparencia durante el sexenio de Vicente Fox, varios presidentes municipales solicitaron y recibieron de Pemex los mapas específicos sobre dónde pasan sus ductos, información que quizá debía resguardarse por motivos de seguridad nacional y que terminó muchas veces en manos de los criminales.

Los funcionarios y los del sindicato. Hoy por hoy, me dicen mis fuentes, nadie duda en el gobierno federal que hay una red de colusión entre trabajadores calificados –amparados por un sindicato que se tapa los ojos y, ahogado en la corrupción de sus líderes, se hace al ofendido cada que se le cuestiona– y funcionarios de Pemex que, paralelamente a sus labores oficiales, trabajan para las bandas de huachicoleros: ordeñar un ducto requiere un grado de conocimientos, especialización y hasta información privilegiada para no ser detectado por las medidas de seguridad que la paraestatal ha implementado en los últimos años.

Mucho más que una población que llena sus garrafones de gasolina.

SACIAMORBOS.  ¿Cómo va el movimiento? Sumemos los asistentes a las marchas de hoy y comparémoslos con los de hace dos años.