Más allá de que una fórmula que estaba pensada como salida de emergencia (la insaculación) por si las bancadas de la Cámara de Diputados eran incapaces de forjar un acuerdo, haya sido utilizada para “ahorrar” el esfuerzo del pacto político, vale la pena apuntar al escenario al que llegan los nuevos consejeros.
No llegan a un terreno baldío ni serán figuras todopoderosas, arriban a una institución que tiene casi 33 años en funcionamiento y que ha logrado que las elecciones sean en México lo que los libros de texto reclaman: el expediente a través del cual la diversidad política contiende por los puestos de representación, otorgándoles legitimidad y permitiendo la coexistencia pacífica de la pluralidad política. Y ante la peregrina noción que solo se detiene en las intenciones y relaciones de las personas, vale la pena detenerse en el marco en el que actuarán.
Llegan a integrarse a un cuerpo colegiado, el Consejo General, máxima autoridad de la institución, que gracias a la norma que estableció un relevo por tercios, se encontrarán con siete consejeros “veteranos” que recibirán el impacto de los “nuevos”. Un Consejo con experiencia, rutinas establecidas, puentes de colaboración o tensión con los representantes de partidos y el Poder Legislativo.
Serán parte de un colegiado con las virtudes y tensiones connaturales al mismo, que deberán administrar para preservar la integridad de los trabajos del INE. Y salvo la presidenta del Consejo, que es una autoridad con facultades unipersonales, el resto sólo las puede ejercer en el marco del Consejo y sus comisiones.
Actuarán bajo el manto de una legislación que les otorga importantes facultades y les fija límites. Por el momento es una normatividad incierta. Empezarán trabajando con la que ha funcionado desde 2014, porque la aprobada recién, fue suspendida, pero falta que la Corte valore si fue procesada sin violar el procedimiento legislativo y si sus prescripciones no atentan contra la Constitución.
Serán la cabeza visible de una institución, pero su columna vertebral, el servicio profesional, sigue ahí y es el mejor patrimonio que reciben. Estarán en permanente contacto con los representantes de los partidos y del Legislativo que abogarán por sus causas y les generarán un contexto de exigencia relevante, pero tendrán como ancla segura la ley. Las sesiones del Consejo son públicas de tal suerte que su actuación será observada por tirios y troyanos. Todos sus acuerdos y resoluciones podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral, este sí, la última instancia en la materia.
Además, existe una franja importante de la opinión pública atenta e interesada en la marcha de un Instituto al que valora y defiende.
Quienes hoy son los nuevos consejeros lo saben, porque tienen trayectorias en el mundo electoral. Escribo para aquellos que imaginan que se puede refundar desde cero una institución como el INE y que ello depende de las virtudes o taras de 3 o 4 personas. Aunque, por supuesto, la integridad, autonomía y capacidad nunca son triviales, como lo demuestra la actuación sobresaliente de quienes ahora dejan el INE.
Profesor de la UNAM
