El jueves pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de enero de 2020.

Los resultados no sorprenden mayormente: 2892 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, un total ligeramente inferior al del mismo mes del año pasado (2929) y no muy distinto a los totales mensuales reportados desde hace casi dos años.

Esto confirma lo que se ha dicho en esta columna y en otros espacios desde hace varios meses: después de tres años de crecimiento acelerado, el número de homicidios se estabilizó en el segundo trimestre de 2018 y la curva se ha mantenido básicamente plana desde entonces.

Hay en esto una buena noticia, indudablemente. Si los homicidios hubieran seguido creciendo en 2019 al ritmo de los tres años previos, hubiéramos tenido casi 5000 homicidios adicionales el año pasado.

Sin embargo, no está de más reiterar que la estabilización ocurrió en un nivel extraordinariamente elevado. Tener de manera continua casi 100 víctimas de homicidio en promedio diario no puede considerarse un buen dato. Proyectadas hacia el futuro, las cifras son de espanto: asumiendo que no haya un cambio de tendencia y que la curva se mantenga básicamente plana en lo queda del sexenio, se acumularían casi 213 mil homicidios en la actual administración, un número equivalente al 77% de las víctimas acumuladas entre 2007 y 2018.

En ese escenario, la tasa de homicidio se ubicaría para 2024 aproximadamente en 27 por 100 mil habitantes, por debajo del nivel alcanzado en 2018, pero al nivel del peor año de la administración Calderón (2011).

¿Qué tan probable es ese escenario? ¿La estabilización no es un anuncio de una caída sostenida en un plazo relativamente corto? No necesariamente. El país ha tenido en el pasado largos periodos de estabilidad en la tasa de homicidio. Entre 1970 y 1995, la tasa de homicidio se mantuvo tercamente en torno a 18 por 100 mil habitantes, con algunos picos y valles en el camino, pero nunca muy lejos de ese nivel.

Otros países han tenido experiencias similares. En Brasil, la tasa de homicidio se mantuvo estable entre 2003 y 2011, en torno a 23 por 100 mil habitantes. En Colombia, la curva se mantuvo básicamente plana entre 2008 y 2013, alrededor de una tasa de 35 por 100 mil habitantes.

Entonces no es del todo impensable que nuestra situación actual sea una suerte de nueva normalidad, que seamos el país de los 100 muertos diarios por un periodo relativamente largo.

Esa perspectiva es catastrófica por donde se le mire. Si la tasa de homicidio se mantiene estable en el nivel actual en la próxima década, acumularíamos 373 mil muertes prematuras. Además de acarrear una avalancha de tragedias individuales y familiares, ese escenario implicaría costos económicos y sociales gigantes para el país: la inmensa mayoría de esas víctimas serían jóvenes, con décadas de capacidad productiva por delante.

En consecuencia, no nos podemos conformar con la estabilidad reciente. No es aceptable que algo más de 100 mexicanos mueran innecesariamente todos los días. Necesitamos una política explícita y focalizada de reducción de la violencia letal que convierta al homicidio en un delito poco frecuente, siempre investigado y habitualmente castigado.

En este tema no se vale la inacción.

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