Los dirigentes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal enviaron una encendida carta a esta casa editorial (https://bit.ly/3xq0zYH), cuestionando mi columna del viernes pasado. No pienso discutirla punto por punto, porque el asunto francamente no lo amerita, pero vale la pena destacar que no rebatieron de fondo las críticas que hice a su ranking de las ciudades más violentas del mundo.

No negaron que su definición de ciudad sea arbitraria, pero ubicaron la arbitrariedad en decisiones tomadas hace algunos años. No refutaron tampoco que aplican de manera laxa su definición de zona metropolitana, que meten y sacan ciudades de la lista dependiendo de la facilidad para encontrar datos en internet, que sus fuentes no son homogéneas y que inventan números para llenar huecos.

Me acusan de hipocresía por, entre otras cosas, hacer cálculos sobre el número potencial de homicidios en mis columnas y criticarlos por hacer lo mismo en su documento. Es cierto que he hecho ejercicios proyectivos en varias ocasiones (van ejemplos: https://bit.ly/3vimPBZ, https://bit.ly/3nmBI3m). Sin embargo, nunca he hecho lo que los autores del estudio hicieron: comparar directamente pronósticos con datos reales de otro país o estado o ciudad, sin alertar a los lectores, así fuese con una nota de pie de página. Además, me parece penoso recordarles que un estudio que presume de rigor y que busca servir de referencia para la definición de políticas públicas tiene estándares de evidencia más estrictos que un artículo de opinión.

Más allá de cualquier discusión metodológica, hay un tema de fondo: los señores del Consejo saben que su ranking es intelectualmente deshonesto. Justifican la grosera imprecisión del estudio en razón de su presunta utilidad política. Así lo dicen: “El ejercicio quizás sería 100% exacto de realizarse dentro de 10 o 20 años. Para entonces tendría un valor como investigación histórica, pero no para ejercer presión ciudadana y producir cambios en las políticas públicas hoy.”

Es decir, en el universo moral de estos señores, se vale distorsionar la realidad y presentar información engañosa, incompleta o abiertamente falsa, si con ello se obtiene un instrumento “para ejercer presión ciudadana”.

Por una parte, dudo de la eficacia política de la herramienta. Los ejemplos de impacto que dan en su carta casi invitan al enternecimiento. Atribuyen la caída en años recientes de la tasa de homicidios en Centroamérica a una visita que realizaron a la región en 2011. Aseguran que fue la voluntad de un alcalde de Medellín de salir del mentado ranking lo que llevó a una disminución sustancial de la violencia homicida en esa ciudad ¿La evidencia para validar semejantes teorías? Ninguna, por supuesto. Y, además, está el contraejemplo obvio de las ciudades mexicanas que aparecen año con año hasta la cima del ranking, sin “producir cambios en las políticas públicas hoy”.

Por otra parte, un engaño es un engaño, por encomiable que sea el propósito. Pueden decir que en muchas ciudades hay muchos homicidios, pero no pueden decir cuáles son las 50 ciudades más violentas del mundo en 2020: no existen datos suficientes para hacer esa afirmación. Decir lo contrario es una mentira. Punto.

Ahora, no quiero cerrar esta columna sin agradecer a los señores del Consejo por la sonora carcajada que me produjo esta frase: “Hace un año con los mismos “argumentos” la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trató de descalificar nuestro estudio. Esta vez lanzó a Hope”. Creo que ubicarme como tenebroso alfil de la actual administración federal se lleva el premio a la comedia involuntaria del año. Gracias por la puntada.

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@ahope71