Sentando un precedente muy peligroso para la gobernabilidad de la ciudad, y para el nuevo jefe de gobierno, la Asamblea Legsilativa del DF distinguió a los 14 consignados por los actos vandálicos en el Centro Histórico del 1 de diciembre pasado con una ley a la medida. Aprobó al vapor modificaciones importantes al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, y al día siguiente publicó las modificaciones en la Gaceta Oficial. Ese mismo día se liberó a los detenidos. La justicia no podría haber sido más a modo ni más expedita.
El artículo 362 establecía penas de 5 a 30 años de prisión, y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a quienes mediante “violencia extrema” perturbaran la paz pública. Eso fue lo que ocurrió el 1/12/12, y por eso la juez consignó a estos 14.
En la nueva versión del artículo 362 las penas corporales se redujeron a 2 y 7 años, respectivamente, y la violencia, tipificada originalmente como “extrema”, perdió el calificativo.
Fue un decreto a la medida para liberar bajo fianza a los 14 “presos políticos” que seguían detenidos. Los vándalos, obnubilados (o comprados) por quienes continúan pregonando la cantaleta del fraude electoral, salieron orgullosos con el puño en alto: ¡eran los héroes de la Batalla de San Lázaro! Se ha dicho mucho sobre las vallas metálicas, pero no quiero imaginar lo que hubiese ocurrido sin ellas. Los vándalos iban decididos a humillar por encargo al nuevo gobierno ante la comunidad internacional.
Marchas, ayunos, plantones, tweets, muestras de solidaridad, súplicas de familiares y videos elevaron a estos 14 vándalos a la heroica categoría de “presos políticos”, aunque nadie tenga la más mínima idea de la ideología que profesan. ¿Quién financió y coordinó el esfuerzo mediático para liberarlos, y quién pagó los honorarios de la “liga de abogados” que los defendió? Después se reveló que el día de los hechos les habían prometido 300 pesos por cabeza.
Mientras tanto, quienes manejaron los hilos el 1º de diciembre siguen sacando provecho. Caracterizan a los consignados como “mártires de un nuevo 68”.
Así, era inevitable que el artículo 362 se convirtiera en el equivalente del delito de “disolución social” de la era diazordacista.
El nuevo texto del 362 dejó sin tocar la suspensión de derechos políticos hasta por 10 años. Eso confirma que el único propósito era reducir la pena para liberar a los consignados bajo fianza. Y para efectos del proceso, quitarle el calificativo de “extrema” a la violencia tipificada en el artículo original.
La izquierda que secuestró a la Asamblea quedó al desnudo: reformó el código penal a su antojo, pagó las fianzas y ahora, lloviendo sobre mojado, insiste en derogar el artículo y desistirse de una acción penal ya ejercitada. Quiere la absolución total, porque asegura que los consignados fueron “infiltrados” por criminales profesionales; insinuando la presencia de grupos como los “mano blanca” de Tlatelolco, o los “halcones” del Jueves de Corpus: gente mala y de sospechosa genealogía mezclada con estudiantes buenos. En cuanto a los vándalos, me quedo con lo que dijo José Woldenberg en días pasados. No fueron provocados: “fueron a lo que fueron”.
La Asamblea colocó a la juez en un predicamento. Los consignó con un artículo que decretaba penas claras y severas, y hablaba de “violencia extrema”, y los liberó bajo fianza con un texto a modo. Pero no perdamos el tiempo en especulaciones. Es obvio que al final del día todo será político: la conclusión del remedo de juicio, la sentencia, y seguramente el auto de libertad.
La reforma al código penal y la liberación inmediata de los detenidos dejó al doctor Mancera entre la espada y la pared. Se limitó a declarar que el GDF “no es represor”. ¡Cuidado!, no convirtamos a la capital del país en una entidad separatista por encima de la ley, con legisladores obsecuentes y leyes a la medida…
Analista político
