El choque entre autoridades nacionales y gobiernos estatales o provinciales ha sido parte de los fenómenos de esta pandemia. En naciones con sistema federalista, los cuestionamientos desde las localidades a las decisiones centrales han tensado las relaciones políticas entre los niveles de gobierno y han provocado desde encontronazos hasta casos de franca rebeldía de gobiernos locales hacia el poder federal. Le ha pasado a Donald Trump en los Estados Unidos, que ya traía una relación complicada con los estados por temas migratorios y ahora la crisis del Covid las ha agudizado, y le está pasando también a López Obrador, cuya autoridad es desafiada y cuestionadas sus decisiones desde los estados.

Como el Presidente no ha querido reunirse con ellos durante toda esta emergencia sanitaria, los gobernadores del país han estado en comunicación remota con los miembros del gabinete para tratar los temas de la pandemia, aunque los estados han tomado sus propias decisiones, tanto para la atención de los enfermos, como en los tiempos para la próxima reapertura. En eso no ha habido problema y la comunicación ha fluido bien porque el Presidente ha cedido autoridad a los mandatarios locales y, con el argumento de que “no queremos pelear”, ha permitido que las entidades federativas definan sus acciones, aunque a veces choquen con las directrices de la Federación.

En donde sí hay un tema que tensa la relación del federalismo mexicano es en el reparto de los dineros para atender esta emergencia sanitaria. López Obrador ha presumido públicamente tener “recursos suficientes” para enfrentar la pandemia y las distintas crisis que traerá, ha hablado de “aumento en la recaudación por casi 50 mil millones” y ha dicho que tiene un fondo extraordinario de hasta 400 mil millones de pesos “por los ahorros de la lucha contra la corrupción”, además de que habló de un aumento de 40 mil millones de pesos al Sector Salud para atender la emergencia. Pero de todos esos recursos los gobiernos estatales no han visto nada. “¿Dónde está ese dinero, que nos mande para apoyar a los estados?”, dijo hace unas semanas el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

El jueves al mediodía los gobernadores de la Conago se reunieron virtualmente con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El encuentro fue privado y había sido solicitado por los mandatarios estatales con un fin específico: pedir apoyo de la Federación con presupuestos extraordinarios para atender la emergencia en sus estados. Y de acuerdo con tres gobernadores que participaron, desde el comienzo del encuentro hubo una petición concreta: que el gobierno federal, vía Hacienda, les reembolsara a cada estado los recursos que habían destinado hasta ahora para la atención del Covid-19, porque esos recursos era de su presupuesto ordinario para el 2020 que habían tenido que utilizar por la urgencia.

Uno tras otro los gobernadores insistieron en el tema de un reembolso, como una forma de ayudar a sus estados y no desbalancear su gasto normal en los temas de salud habituales, pero Herrera nunca les respondió. Con evasivas y con explicaciones técnicas del presupuesto, el secretario de Hacienda se salió por la tangente y evitó, en casi dos horas que duró la reunión, comprometerse en algo concreto para que los gobiernos estatales tuvieran algún recurso extraordinario. A lo único que se comprometió Herrera, a pesar del bombardeo de los miembros de la Conago, fue a que “sus participaciones federales correspondientes al Presupuesto Federal 2020 están garantizadas”, según lo confirmó ayer Hacienda a través de un comunicado.

Fue tan improductiva la reunión virtual con Herrera, que un gobernador del norte del país, consultado sobre el encuentro, nos dijo: “Puras tonterías estaba hablando el secretario; nunca respondió a nada de lo que le pedíamos. Fue tan infructuosa y aburrida la reunión que yo de plano me desconecté porque no ví intenciones de ayudarnos”. Es decir que Arturo Herrera siguió al pie de la letra la instrucción del presidente López Obrador, quien también ha evitado reunirse virtualmente con los gobernadores porque dice que le “van a pedir más dinero y yo no pienso dárselos”.

O sea que, en medio de la parte más crítica de la pandemia para varios estados, a los gobernadores de plano los batearon en su petición de reembolso de recursos para la emergencia. “El dinero que presume tener el Presidente no es de él, es de la Federación; no le estamos pidiendo nada que no les corresponda a los estados, que hemos tenido que enfrentar esta situación solos, estirando los recursos que tenemos y sin apoyo federal”, comentó otro gobernador que pidió el anonimato. En fin, que el centro acapara el presupuesto en esta crisis y a los gobernadores los dejaron como en aquella canción infantil: “Piden pan y no les dan, piden queso y les dan un hueso”.

PERALTA SE VA, TRAS EL REVÉS A LEY BONILLA Y CORRUPCIÓN EN LAS ADUANAS

El subsecretario de Gobierno de Gobernación tuvo una semana muy complicada: el domingo 10 de mayo informó en las redes sociales que tenía Covid y comenzó su aislamiento, pero para el lunes a su lamentable contagio se sumaba un fuerte golpe político: la “Ley Bonilla” que él había defendido públicamente con argumentos de legalidad, fue no sólo declarada inconstitucional de manera unánime por los 11 ministros de la Suprema Corte, sino que entre los razonamientos que aprobó el máximo tribunal, estaba el de que esa reforma en Baja California se trató de “un fraude a la Constitución”, como lo dijo en su intervención el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Si con eso la situación política de Peralta se había vuelto tan complicada como su estado de salud, para el jueves las declaraciones del nuevo director de Aduanas, Horacio Duarte, y del director de la UIF, Santiago Nieto, pusieron al subsecretario en terapia intensiva del gabinete. Y es que los dos funcionarios que encabezan la lucha contra la corrupción en las aduanas, confirmaron las investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República de al menos 6 administraciones aduaneras del país, y algunos de sus titulares que están acusados de lavado de dinero, fueron nombrados por Ricardo Peralta durante su gestión como administrador General de las Aduanas, aunque él se ha deslindado de los posibles actos de corrupción.

Ese mismo jueves por la tarde comenzaron los rumores de su renuncia a Gobernación, lo cuál el mismo Peralta desmintió en su cuenta de Twitter en donde dijo que era falso que hubiera presentado su renuncia y que se encontraba en confinamiento en su casa por el Covid-19. Ayer viernes ya se daba por hecho que Ricardo Peralta dejará la Subsecretaría de Gobierno, pero no por renuncia, sino porque esa es una de las 10 subsecretarías que ordenó desaparecer el presidente López Obrador.

La versión que daban anoche funcionarios del gabinete era que Peralta se irá como embajador a Argentina, donde no han nombrado a nadie después del escándalo del embajador cleptómano Ricardo Casanova. Pero esos mismos funcionarios de primer nivel, aseguraban que la orden de que Peralta saliera del gabinete sí fue directa del Presidente por los dos temas mencionados en su contra; es decir que al abogado le darán una salida decorosa y un exilio diplomático en Buenos Aires.

NOTAS INDISCRETAS…

El pasado 16 de abril López Obrador le pidió a los gobiernos estatales que no contraigan deuda por el tema del Covid-19 y que sean austeros, a pesar de que reconoció que muchos de ellos recibieron “arcas vacías” por los endeudamientos excesivos del periodo neoliberal. El mismo Presidente ha sido totalmente reacio a contraer deuda en esta crisis, como se lo han pedido empresarios y diversos sectores para que apoye a la economía y a los empleos. Y parece que con esa línea del Presidente, dos alcaldes de Morena en Tamaulipas, interpusieron el jueves en la Suprema Corte de Justicia dos controversias constitucionales en contra del gobierno de Tamaulipas, por el endeudamiento de 4 mil 500 mdp que el Congreso local le autorizó al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Una de las controversias la puso el presidente municipal de Güemez, Luis Lauro Reyes, y la otra el Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Salvador Muñoz Contreras. Las dos fueron recibidas por la Corte el 14 de mayo, según consta en los sellos de los documentos en poder de esta columna, y piden declarar “inconstitucional” el endeudamiento contraído por Cabeza de Vaca “por violaciones al debido proceso legislativo y a la Ley de Deuda Pública federal” y argumentan que con esa deuda se comprometen recursos federales. Y al parecer los morenistas de Tamaulipas van con todo en contra del gobernador panista, porque al mismo tiempo que los alcaldes pedían Controversia Constitucional, los 10 diputados de Morena en el Congreso Local le mandaron una carta al secretario de Hacienda en la que le piden negarle su aval a ese empréstito porque se compromete, dicen, más del 40% de las participaciones federales por 20 años. Los diputados piden la intervención de Hacienda para negarle su aval a la deuda del gobierno de Tamaulipas con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y argumentan que con esos 4,500 millones de pesos, Cabeza de Vaca elevaría la deuda del estado a 20 mil millones de pesos. Veremos en qué termina la ofensiva morenista contra el gobernador de Tamaulipas… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.

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