Uno de los principios básicos de cualquier gobierno democrático —en su versión liberal, obviamente, que es la que tenemos en México— es la división de poderes. Eso significa que el presidente se dedica a ejecutar leyes y políticas, que el Legislativo hace las leyes y que el Judicial juzga cómo se aplican las leyes. Cuando una de estas funciones recae en la instancia que no le corresponde se abre la puerta a una dictadura. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un jefe de Estado legisla y por lo tanto hace leyes a modo. Pero también ocurre cuando el Poder Judicial legisla o cuando el Legislativo decide arrogarse las funciones de juzgar. Y esto último es precisamente lo que pasó la semana pasada, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó cambiar las penas del delito de “ataques a la paz pública” contenido en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Para justificar este cambio se argumentó que este ilícito recordaba el delito de “disolución social” usado por los gobierno autoritarios del PRI y que se podía usar para propósitos políticos. Puede ser. Lo que sorprende es que la Asamblea decide cambiar la gravedad de este delito después de una década de vigencia y precisamente en el contexto de la detención de varios acusados de generar los actos vandálicos del primero de diciembre en la ciudad de México. Se podrá argumentar la inoperancia del artículo, pero lo cierto es que la modificación al Código Penal es un traje a la medida para liberar a los 14 detenidos por el primero de diciembre. De hecho, algunos legisladores capitalinos preguntaban si con esa modificación ya “salían los 14 chavos” de la cárcel.

Los defensores de los acusados han insistido en que las detenciones fueron arbitrarias y que ninguno de los detenidos es responsable de los actos vandálicos del primero de diciembre. Puede ser. Es claro que la capacidad profesional de los policías del Distrito Federal deja todavía mucho que desear. Sin embargo, lo que preocupa es que sean los asambleístas los que decidan si esos acusados son inocentes o culpables. En cualquier sistema democrático eso lo debe decidir un juez. Obviamente, si los detenidos son inocentes deben salir libres e incluso debería haber una reparación del daño por parte de la autoridad. Pero lo cierto es que no sabemos si son inocentes o no. Insisto: eso lo debe decidir un juez. Incluso llama la atención la justificación que dio el diputado federal del PRD José Luis Muñoz Soria, uno de los dos legisladores que pagó la fianza impuesta a los detenidos que les permitió salir libres. Para Muñoz Soria “lo que se ha hecho es para resolver un acto de injusticia que se daba, que había iniciado todo un proceso legal y tuvo que resolverse así”. En otras palabras, los asambleístas del DF legislaron para “resolver una injusticia”, según el diputado Muñoz. Esto es, quienes decidieron que los detenidos del primero de diciembre eran inocentes fueron los diputados capitalinos, no un juez. Y en lugar de demostrar su inocencia ante un tribunal, decidieron modificar la ley. Una solución muy “a la mexicana”.

El precedente que establece este acto de “justicia” de la Asamblea Legislativa es sumamente grave. La tentación para que en el futuro legisladores locales o federales de cualquier partido decidan modificar las leyes para beneficiar a quienes consideran que han sido objeto de una injusticia va a estar presente. ¿Qué diría usted si, por ejemplo, los diputados y senadores priístas deciden que la acusación contra Tomás Yarrington por lavado de dinero es injusta y, por ello, deciden modificar las leyes y convertir a este delito en uno no grave, para que pueda salir bajo fianza? Y, ¿qué tal si los legisladores perredistas federales deciden que el ex diputado Julio César Godoy, todavía prófugo, es inocente y, por lo tanto, modifican la ley para que los delitos de delincuencia organizada ya no sean graves? Suena absurdo. Pues sí. Pero esa fue la lógica de los diputados del DF.

Ciertamente el sistema de procuración de justicia del país es un desastre. Lo sabemos todos. Pero la solución no es convertirse en juez desde la tribuna legislativa y cambiar las leyes a modo para defender a quienes uno considera inocentes: la solución es hacer los cambios legislativos para que las procuradurías —y las policías, y los jueces— sean más profesionales. No es invadiendo las funciones del Poder Judicial como los legisladores pueden hacer que este sea un país mejor. De hecho, ese es el camino para hacerlo todavía peor.

Analista político e investigador del CIDE

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