Sin crecimiento económico, una grave crisis en el sector salud, desabasto de medicamentos y la problemática de inseguridad profundizándose en prácticamente todo el país, iniciará mañana un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Éste no será un periodo legislativo más, tentativamente deliberaremos sobre educación superior, cannabis, procuración de justicia, paridad de género y varias reformas en materia de salud, asimismo al parecer, concluiremos la reforma laboral. En esta última ya se perfila la realización de un ejercicio de Parlamento Abierto en materia de subcontratación u outsourcing, para encontrar una mejor regulación de esta actividad, que es cada vez más importante en nuestra economía.
Existen diferentes visiones sobre cómo debe regularse la subcontratación, práctica que es legal en todas las economías relevantes del mundo, aunque en nuestro país es relativamente nueva, puesto que se contempla en la Ley Federal de Trabajo desde la reforma laboral de 2012. Legisladores de todas las expresiones políticas han presentado más de 15 iniciativas sobre el tema tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Empresarios, académicos, sindicatos, expertos, han hecho propuestas y han expuesto diversas aristas de esta actividad; por lo mismo, no podemos aprobar un dictamen que carezca de análisis, discusión y reflexión.
En este contexto cobra especial relevancia que la Junta de Coordinación Política haya acordado por unanimidad la realización de un Parlamento Abierto. Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios entendieron que este tema requiere una amplia discusión, además de un acuerdo con los sectores productivos del país. Por tanto, el proceso de dictaminación y aprobación en ambas cámaras debe continuar con esta visión de construir consensos, buscando el mejor acuerdo que detone la generación de empleos y el crecimiento de nuestra economía.
Hoy contamos con más información sobre esta actividad gracias a diversos estudios que han realizado instituciones públicas y privadas. No perdamos de vista que lo que está en juego son empleos. Un estudio recientemente elaborado por El Colegio de México señala que entre 2004 y 2014, esta actividad se duplicó en nuestro país, pasando del 8.6% al 16.6% de los empleos formales.
De igual forma se revela que en México hay al menos quince entidades federativas que dependen en gran medida de la subcontratación laboral debido a que en ellas se ubican los clusters más importantes para industrias como la automotriz, electrónica, aeroespacial, y call centers. Entre esas entidades sobresalen Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Para quienes gobiernan estas entidades no es menor la decisión que vaya a tomar esta Soberanía, puesto que podría afectar el empleo formal con que hoy cuentan.
El próximo Parlamento Abierto en materia de subcontratación tiene una gran relevancia; no podemos legislar al vapor. Ojalá que la mayoría esté dispuesta a construir un gran acuerdo en el que se consideren las mejores propuestas, ya que estamos hablando de aproximadamente 8 millones de personas quienes se ubican bajo esta figura. Una reforma que genere beneficios para los trabajadores y para los empresarios, ese será el reto del Congreso mexicano. Nada fácil, pero sí posible.
