Estados Unidos podría hacer muchas cosas para ayudar a México. Si ambos gobiernos decidieran colaborar en un enfoque realmente distinto en la agenda migratoria, Estados Unidos podría ayudar a resolver, para empezar, la crisis humanitaria en ambas fronteras mexicanas. Si la campaña de vacunación en Estados Unidos procede como prevé Biden, su gobierno podría proveer a México vacunas, que tanto urgen. La lista es larga.

Pero quizá no haya un asunto en el que el respaldo proactivo del gobierno estadounidense podría hacer una mayor diferencia que en el enorme desafío que México sigue enfrentando en seguridad. Los hechos son incontrovertibles. La violencia en el país sigue aumentando. A pesar de la pandemia, el número de asesinatos aumentó en el 2020. Los cárteles de la droga siguen ocupando territorios enteros con impunidad. Basta revisar las cifras o ver los reportajes recientes de medios como Vice para darse cuenta a qué grado llega la confianza de las organizaciones criminales. Se saben casi intocables porque lo son. El tráfico de droga a Estados Unidos no ha parado. Todo lo contrario: el mortal fentanilo ha abierto una avenida muy lucrativa y relativamente sencilla, dado el tamaño minúsculo de la dosis requerida. El tema, pues, es un desastre como lo ha sido desde hace años.

La violencia en México no tiene una solución sencilla. No hay una panacea. Pero sí hay un asunto clave: el acceso alarmante que han tenido las organizaciones criminales mexicanas a armas de asalto desde hace al menos 16 años (la venta de rifles de asalto estuvo prohibida en Estados Unidos durante diez años hasta el 2004). Esas armas son una variable indispensable para entender la explosión homicida en México. Pero no solo eso: sin armas de asalto como el AR-15, el AK-47 o el terrible Barrett .50 –capaz de hacer explotar un cuerpo con un impacto de esas balas de diez centímetros de largo– los grupos criminales no podrían enfrentarse con facilidad a las Fuerzas Armadas mexicanas ni podrían, por ende, continuar la campaña terrorista que los ha visto, por ejemplo, sitiar ciudades mexicanas para extorsionar al Estado.
           
Los cárteles adquieren la enorme mayoría de ese armamento en Estados Unidos gracias a dos cosas: los huecos en la ley, que permite la compraventa entre particulares sin una revisión previa del historial del comprador, y la posibilidad de adquirir, con una facilidad pasmosa, armas de guerra.  La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para cerrar los huecos en el asunto del historial del comprador. Es un paso de enorme importancia, pero aún debe buscar aprobación en el Senado. Gracias a la mayoría demócrata, es probable que sea ratificada. Hace unos días, en la víspera del voto, el Canciller Marcelo Ebrard me dijo que el gobierno mexicano ve como “positivo y esperanzador” la posibilidad de ese paso en el control de armas.  Pero, me dijo Ebrard, nada podría compararse, si de eficacia en el combate a la violencia se trata, a retomar la prohibición en la venta de armas de asalto. “Esta medida por sí sola podría representar una reducción sin equivalente de la criminalidad y del poder de fuego de la delincuencia organizada”, me dijo.
           
En esto, el gobierno de Estados Unidos tiene una oportunidad de oro. Como dice Ebrard, la decisión específica de retirar el acceso a rifles de asalto con los que las organizaciones criminales mexicanas se arman hasta los dientes podría tener un efecto positivo inmediato en México. “No hay otra medida más efectiva”, agregó Ebrard. Es cierto. La pregunta es si el Congreso demócrata y el propio presidente Biden están dispuestos a invertir capital político en el asunto. No contarán, no sobra apuntarlo, con el apoyo del partido republicano: de 211 congresistas republicanos, solo ocho respaldaron la medida del historial en la compraventa. Esa es la mala noticia. La buena es que los demócratas no necesitan a los republicanos. Prohibir estas armas, que no están pensadas para defender el hogar ni para cazar venados sino para destruir seres humanos de la manera más brutal posible, sería un gesto de solidaridad incomparable con México. No hay, por ahora, ninguna decisión más importante. ¿Asumirá Estados Unidos su responsabilidad histórica? Veremos.

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