Vienen días definitorios para la universidad pública mexicana. Por un lado, se dio a conocer que por fin existe una iniciativa de Ley General de Educación Superior que supliría al ordenamiento de 1978. En la versión que se conoce de esta iniciativa, llaman la atención varios aspectos. Primero, la centralidad que tiene el joven dentro del espacio universitario. Se habla del “interés superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la educación” y de que las instituciones de educación superior (IES) sean espacios “libres de violencia de género y discriminación hacia las mujeres”. Segundo, se establecen reglas claras para evitar que algún legislador y su correspondiente partido político intervengan en la modificación de las leyes orgánicas de las propias universidades, tal como ocurrió recientemente en nuestra casa de estudios. La diputada de Morena, Martha Larrondo, presentó sin consultar a la comunidad de la UAQ una iniciativa para reformar los artículos que limitan a mayores de 60 años ocupar cargos directivos. Gracias a la pronta reacción de la comunidad, la legisladora retiró su iniciativa, la cual, claramente vulneraba la autonomía universitaria. Construir y defender razonablemente la autonomía va a ser una tarea ineludible en estos tiempos y esperamos que la nueva Ley ayude. Crear espacios de interlocución y deliberación dentro del sistema universitario, como se propone, abona a ello.
El tercer aspecto es el financiamiento. La iniciativa propone que en caso de que haya incumplimiento en la ministración de recursos por parte de “servidores públicos federales o locales” puede haber sanciones. La ley busca entonces que los actores políticos cumplan. Esperamos que junto a la regla formal, haya conciencia de los y las gobernadoras para invertir en el futuro por medio de la universidad. Esto implica también que las universidades seamos invariablemente transparentes y eficientes en términos académicos. Para mostrarlo, habrá que construir una nueva generación de indicadores, como lo está proponiendo un grupo de universidades de Querétaro en términos de “bien común”.
Pero el escenario es sombrío para la educación superior pública de México. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 muestra que estamos lejos de que se dedique 1% del PIB a este nivel. Nos quedamos en 0.59%. Además, la “Cuarta Transformación” propuso reducir 0.3% el subsidio a las universidades públicas estatales. La prioridad de este gobierno no está en la educación superior.
