“Seré el primer presidente de México sin Fuero”, dijo José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, en un acto para recordar a Luis Donaldo Colosio el pasado 23 de marzo, donde solicitó a los partidos que lo postulan a la Presidencia de la República iniciar el proceso legislativo de reforma a la Constitución general de México.

A Carlos Iriarte Mercado, coordinador de los diputados del PRI, le tocó presentarla el pasado 12 de abril ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La suscribieron legisladores del PRI, junto con los del PVEM y NA, para suprimir el “fuero constitucional” a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.

Transcurrido el proceso deliberativo en Comisiones, finalmente el 19 de abril el pleno aprobó por mayoría calificada de 370 votos, cero votos en contra —es decir, por unanimidad— el dictamen que elimina el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.

Con estas reformas se señala que, de igual manera, se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, concejales. En todos casos se observarán los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona.

La minuta aprobada que ha sido enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.

La iniciativa aprobada ratifica la necesidad de erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero, como figura institucional, para emplearlo como un escudo ante prácticas de corrupción o de conductas delictivas.

Actualmente, el fuero se percibe como un privilegio que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares, e impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente.

En el ámbito de las entidades federativas, en doce de ellas ya han suprimido la figura del fuero constitucional: Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.

En suma, en el México actual esta figura del fuero ya no es necesaria en nuestra Constitución, en virtud de dos razones fundamentales, que éste no es un escudo contra quienes delinquen y en México ya se cuenta con un nuevo sistema de justicia penal, garantista y protector de derechos humanos.

De esta manera, el candidato Meade, que tuvo el acierto de proponer una demanda sentida de la sociedad mexicana, gana su primera iniciativa y que muchos líderes nacionales habían propuesto antes sin haber logrado su aprobación.

Así, con el beneplácito a la Ley Meade en la Cámara de Diputados, se alcanza el consenso, lo cual es un logro histórico que viene a fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Ya todo el mundo habla de la ley Meade, como el primer candidato que impulsa y logra una reforma de este calado. Ahora, el Senado de la Republica, le corresponderá su análisis y aprobación, luego las legislaturas estatales, pero a este proceso ya nada lo detiene, nosotros ya dimos el primer paso.

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