El encarcelamiento de Jorge Luis Lavalle es una bomba de tiempo que muy pronto va a explotar, y cuya onda expansiva alcanzaría a por lo menos una decena de personajes involucrados en el caso Odebrecht. En este caso surge nuevamente la figura del criterio de oportunidad como alternativa para un molesto y decepcionado exsenador que confió en sus asesores para armar una defensa que dejó mucho que desear.
En este caso, la victoria legal de la Fiscalía General de la República estaba más que asegurada, pues, con consciencia de ello o no, Lavalle se presentó a las audiencias con un grupo de testigos y litigantes que terminaron validando los argumentos acusatorios, frente a un trabajo conjunto de los ministerios públicos, representantes de la UIF y del Senado de la República, estos dos últimos considerados partes ofendidas.
De entrada, al campechano le asignaron un abogado defensor que tiene relación directa con el caso Odebrecht, en específico con la parte que habría entregado el dinero de los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. Se trata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A.
Zecapan es una de las dos compañías que fueron señaladas por Luis AlbertoMeneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como receptoras de 6 millones de dólares que habría pedido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la campaña del PRI. La otra fue Latin América Asia Capital Holding LTD, vinculada igualmente con Lozoya y sus familiares.
Quienes presenciaron la última audiencia de Lavalle en el Reclusorio Norte todavía recuerdan la sorpresa que se llevó el Juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, cuando el MP le hizo saber de las relaciones del abogado Zapata con el propietario de Zecapan. El litigante sólo alcanzó a mencionar que podía reservarse el derecho para guardar la privacidad de sus otros clientes y casos profesionales.
El suceso, aseguran, fue determinante para la vinculación a proceso, además de que coronó una desastrosa defensa que, si bien fue ejecutada por un equipo de abogados en los juzgados del reclusorio, se planeó en consenso con algunos otros de los 70 personajes mencionados en la denuncia del exdirector de Pemex, principalmente con los alguna vez vinculados al Partido Acción Nacional.
Otros errores inconcebibles de la defensa fueron argumentar que el video en el que se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez —actual gobernador de Querétaro— fue una prueba obtenida de manera ilícita, mediante el delito de intervención de comunicaciones privadas o espionaje. El argumento es inválido si se recuerda que el famoso video fue ofrecido por el propio Lozoya, y grabado directamente por sus colaboradores de la empresa productiva del Estado.
Se suma a esos débiles argumentos de defensa al juez la postura del abogado José Joaquín Zapata respecto a que las firmas del confeso Rafael Caraveo son falsas; esto a pesar de que el propio excolaborador de Lavalle no sólo ha reiterado en diversas ocasiones que sí tomó parte de un esquema de sobornos, sino que ha ratificado que las firmas de los documentos que son parte del juicio efectivamente son de su puño y letra.
El resultado de las pifias aquí mencionadas se encuentra a la vista; Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, y sobre todo hoy se encuentra preso.
Lo que no queda claro es si el nivel y la ingenuidad de las fallas cometidas en el juzgado fueron resultado de un exceso de confianza, o bien de la idea oculta de entregar una cabeza a la 4T y a su lucha anticorrupción. Todo puede cambiar si Lavalle se acoge al criterio de oportunidad.
@MarioMal
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