A partir de que el Presidente Enrique Peña Nieto enviara, el pasado 14 de noviembre, al Senado de la República las dos ternas de aspirantes a ocupar las magistraturas que se quedan vacantes tras la salida inminente de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, ya ha comenzado el debate por la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de los temas estructurales que requieren una revisión cuidadosa para promoverse una reforma constitucional, me atrevería a sugerir –en este sentido– que, al menos, se necesitan tres características fundamentales.
Primero, se requiere solvencia técnica, lo cual resulta particularmente relevante cuando se trata de determinar si existen o no violaciones a derechos humanos o si una ley o acción pública es compatible con el paradigma garantista, que desde la reforma constitucional en la materia del año 2011 se ha convertido en el eje que articula la acción pública en México. Esto significa que las decisiones que emanen de la Suprema Corte deben tomar distancia de la estridencia, de la ligereza y de las argumentaciones populistas o complacientes. Si se requiere defender la constitucionalidad de alguna disposición que redunde en el beneficio de las y los ciudadanos, se tiene que hacer desde la fuerza del argumento y no litigando en los medios de comunicación o acomodando las sentencias judiciales a las opiniones mayoritarias. En este sentido, un magistrado de la Suprema Corte tendría que ser capaz de defender interpretaciones novedosas de la ley a la luz del paradigma de los derechos humanos –como la despenalización del aborto o los matrimonios igualitarios–, aunque éstas sean impopulares o contrarias a la visión moral dominante.
En segundo lugar, se requiere integridad moral de un funcionario o funcionaria para nuestro máximo tribunal. Un candidato o candidata adecuado a este puesto no debe ser observado con suspicacia por la sociedad civil, ya sea en vista de su proceder en el servicio público o porque en el pasado haya producido sentencias u opiniones fundadas en visiones morales particulares y no en el respeto universal a los derechos humanos. Así, candidatos o candidatas que hayan enfrentado procesos administrativos o judiciales sólidamente argumentados deberían quedar fuera de la contienda de manera automática; lo mismo ocurre en el caso de quienes no se han comprometido con la defensa de las libertades en sentido universal y, en su lugar, se han ocupado de promover visiones morales que defienden la vida en sentido abstracto o la tradición en vista de su arraigo social. No queremos personas en la Suprema Corte que en el pasado hayan lastimado la dignidad y los derechos de las mujeres, de las y los jóvenes o las personas de la diversidad sexual, al producir argumentaciones legales que se oponen a que ellos y ellas ejerzan todos sus derechos bajo cualquier circunstancia.
En tercer lugar, se requiere de una persona capaz de producir argumentos o corrientes de opinión que promuevan la cultura de los derechos humanos. En un espacio social donde la violencia, la corrupción y la incertidumbre han dominado las relaciones entre ciudadanía y autoridad, se requiere de una voz experimentada y autorizada para defender el Estado constitucional de derechos. Por supuesto, esta voz puede provenir de las y los magistrados de la Suprema Corte; esta voz no sólo se expresa a través de sus ponencias, opiniones consultivas y sentencias, sino haciendo oír su posición en torno a aquellas cuestiones que exigen un punto de vista de derechos humanos. Por estas razones, tanto la solvencia técnica como la integridad moral son precondiciones para que los argumentos y razones de los magistrados y magistradas de la Suprema Corte se integren a los debates públicos y generen el apoyo civil que requieren los cambios estructurales.
Estas características, en cualquier caso, no agotan la discusión. Se pueden formular o revisar. Pero lo que si es cierto es que constituyen un mínimo de atributos deseables en cualquier persona que aspire a formar parte del máximo tribunal nacional. Ahora toca a nosotras y nosotros pensar si quienes han sido propuestas y propuestos por el Presidente cumplen con este perfil.
