Tuve la increíble fortuna de participar, desde hace casi trece años, en la creación y operación de un instrumento de política pública en el ámbito educativo, la UNAQ. Tal experiencia no solo ha enriquecido mi vida de muy diversas maneras, también ha servido para transformar la realidad de muchas vidas más, y de paso, evidenciar las capacidades que como país podemos aportar al mundo.
Durante el proceso de creación de la Universidad -debo ser honesto- no fui enteramente consiente de que estaba constituyendo como tal, un instrumento de política pública. Es ahora cuando el éxito aeronáutico de Querétaro llama la atención de propios y extraños, que pongo mucha más atención en todo eso que se construyó y que es motivo de múltiples estudios. Uno de ellos es el que recientemente lanzó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el que tuve la oportunidad de participar siendo entrevistado por un grupo de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El estudio en cuestión, “Políticas de desarrollo productivo en el México reciente: la visión de los actores” aborda en primera instancia definiciones muy interesantes sobre lo que es una Política de Desarrollo Productivo (PDP) en contraposición a una política industrial solamente. Las PDP, según la OIT son aquellas que tiene como objetivo fundamental el incremento en la productividad junto con el crecimiento del empleo de alta calidad (OIT, 2017). Las PDP suelen describirse en términos de sus objetivos intermedios, tales como la promoción de la innovación, el acceso al crédito, el desarrollo de conglomerados (clústeres), la atracción de inversión extranjera directa, entre otros. A su vez, las PDP se pueden clasificar en (i) horizontales (no discriminan) y (ii) verticales (orientadas a sectores específicos). Asimismo también se pueden clasificar en (i) intervenciones de mercado (programas de subsidio, créditos, exoneraciones fiscales, aranceles, etc.), y (ii) provisión de insumos públicos o bienes públicos (servicios de certificación, construcción de infraestructura, formación de recursos humanos, etc.).
El estudio abordó dos casos que llamaron la atención de la OIT desde la óptica de las buenas prácticas y lecciones aprendidas: PROSOFT, Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, lanzado en el estado de Jalisco a principios del siglo y al cual el Gobierno Federal se sumo denodadamente; y el Programa Estratégico de la Industrial Aeroespacial con énfasis en el caso del Clúster aeroespacial de Querétaro.
No abordaré la totalidad de los elementos identificados como buenos prácticas, sin embargo, a lo largo del seminario en el que participé hace algunos días, se discutió, previo al cierre del estudio para su publicación antes de que concluya el año, sobre el papel y rol de los actores, la credibilidad y liderazgo que se fue generando en las mesas de diálogo establecidas entre todas las partes interesadas, las compañías, los emprendedores (para el caso particular de PROSOFT), las instituciones educativas participantes y los diversos niveles de gobierno que en diferentes momentos y con muy variadas capacidades de respuesta participaban en la construcción, lanzamiento y adaptación de tales ejemplos de política pública.
La reflexión más apabullante al final del seminario, y que hoy traigo a estas líneas semanales, fue a la que llegamos ratificando que la construcción de cualquier instrumento de política pública debe hacerse sí con una óptica de impacto productivo y generador de empleo, sin descuidar la viabilidad para su clara fiscalización, con énfasis en la pronta y ágil utilización como instrumento de fácil acceso para los beneficiarios, pero sobre todo, debe construirse mediante el diálogo de todos los actores, de los que viven su carencia y festejarán sus beneficios; una fórmula complicada, quizá mágica, pero eficaz.
Rector de la UNAQ / @Jorge_GVR
