Las megaobras y los derechos humanos

Lídice Rincón Gallardo

El pasado martes 12 de abril, un grupo de pobladores y pobladoras de la etnia otomí fueron desalojados por la fuerza de sus asentamientos en Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México. El pretexto fue la construcción de una carretera que uniría a Toluca con Naucalpán y que reduciría el tiempo de traslado de una manera considerable. Más allá de analizar la necesidad o no de la obra –como ha ocurrido con otras megaobras que implican el desplazamiento de comunidades enteras y el cambio en el uso de suelo de sus territorios–, aquí se han violado una diversidad de derechos humanos. Más aún cuando, como ocurrió con las y los habitantes de Xochicuautla, en febrero de este mismo año un Juzgado de Distrito había otorgado una suspensión definitiva en relación con el proyecto. Además, es lamentable que se haya utilizado a la fuerza pública y lastimado la integridad, dignidad y los bienes de muchos y muchas de los habitantes de esta comunidad, privilegiándose más que una solución conciliadora y pacífica, la toma de partido por la constructora y el supuesto interés mayor que representaría esta megaobra. 
Por supuesto, nadie en su sano juicio se atrevería a decir que megaobras como ésta, como la Supervía Poniente o los Segundos Pisos del Periférico en la Ciudad de México, no representan un beneficio común. No obstante, estas mejoras no se pueden lograr sin un debido proceso que incluya la protección, por una parte, del derecho a la vivienda y los derechos de propiedad de las poblaciones directamente afectadas; y, por la otra, del derecho a la consulta ciudadana, el derecho a la movilidad y los derechos ambientales de todas y todos aquellos que se verán tocados por la megraobra de manera indirecta (es decir, quienes viven y transitan por estos espacios). Si no se garantizan estos derechos de manera integral, entonces la megaobra no es legal ni representa un interés público; sino que, en el mejor de los casos, responde a una visión parcial del progreso y privilegia las necesidades de sólo una parte de la población. Entonces, ¿qué hacer para conciliar las demandas del progreso y los intereses de quienes viven y transitan por territorios que se verán afectados por las megaobras?
En primer lugar, se tiene que realizar una campaña de socialización de las razones técnicas y de interés común que sustentan la megaobra. En segundo lugar, se tiene que realizar una consulta entre las poblaciones directamente afectadas, para que se valoren todos los puntos de vista y se determine si es posible dar realidad a la megaobra sin afectar de manera definitiva los derechos de estas personas; es decir, que se tiene que buscar la manera de reparar y restituir los terrenos y las viviendas perdidas, así como generar una indemnización por las afectaciones a la calidad de vida afectada, siempre y cuando se convenza a la población con argumentos –y no con la fuerza o la coerción– de ceder parte de su bienestar particular para lograr el bien común. Y, en tercer lugar, se tienen que hacer estudios de impacto ambiental, es decir, acerca de la manera en que la megaobra impactará los derechos ambientales de las y los habitantes de la región en el mediano y largo plazos. Algo que no ocurrió en el caso de la comunidad de Xochicuautla y que podría afectar negativamente la calidad de vida –sin exagerar– de todo el Valle de México. Por ejemplo, en el caso de la Supervía Poniente, y al talarse zonas boscosas de la Magdalena Contreras que eran captadores de agua de lluvia para surtir los mantos freáticos que alimentan el suministro de agua de toda la Ciudad de México, se afectó de manera permanente el derecho al agua para todas y todos los capitalinos. Sin mucho esfuerzo, podemos suponer que la tala del Bosque Otomí que proyecta la megaobra vial en Lerma tendrá un impacto ambiental que aún no se ha calculado.
Pero lo mas indignante del desalojo en Xochicuautla es el uso de la fuerza de una manera autoritaria y desproporcional contra personas que, en la mayoría de los casos, carecen de los medios para defenderse y, por tanto, han visto su integridad puesta en peligro. ¿Quién les va a reparar el daño? ¿Cómo se va a restaurar la dignidad violentada? ¿Quién les va a pedir una disculpa pública por tratarlos como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase? Todas estas son preguntas que la autoridad tiene que responder inmediatamente, porque de no hacerlo contribuirá a revictimizar a estas personas ya de por sí afectadas por una visión autoritaria e inhumana del progreso.

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