17 / junio / 2021 | 21:04 hrs.

La tragedia del Metro en la arena de la sucesión

Salvador García Soto

Apenas una semana después del trágico colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando apenas han pasado unos días de que las 26 personas fallecidas en el derrumbe de trenes fueron sepultadas y despedidas por sus familiares en Tláhuac, mientras 28 heridos siguen hospitalizados, algunos de ellos en condición de gravedad, la tragedia de los más pobres llegó a la arena de la sucesión presidencial de Morena.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue el lugar donde los tres principales aspirantes presidenciales de Morena chocaron por el tema de a quién debe culparse y responsabilizarse por la muerte de los 26 usuarios del Metro y las decenas de heridos. De un lado aparecieron los nombres de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que intentan ser exonerados de cualquier responsabilidad por un grupo de 96 diputados y senadores de Morena, además de un grupo del PT, que piden desaforar y acusar como “único responsable” del derrumbe a Miguel Ángel Mancera, mientras que Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista, se opuso y frenó la propuesta de sus compañeros morenistas, con el argumento de que “no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender la hoguera para quemar a personalidades públicas”.

Es decir, que mientras los casi 100 congresistas federales de Morena, entre los que se hayan diputados y senadores, aseguran en una carta firmada que Mancera fue el responsable de la tragedia del Metro porque, dicen fue su administración quien recibió la Línea 12 “de conformidad” el 8 de julio de 2013 “como segura y operable”, según la certificación realizada por varias empresas alemanas. Luego, siguen los legisladores morenistas, el 11 de marzo de 2014, sin presentar diagnóstico alguno, Mancera ordenó el cierre temporal de 11 estaciones de la Línea 12 bajo el argumento de que las “reparaciones en el tramo elevado requerían un mínimo de 6 meses”, que después se convirtieron en 20 meses de cierre total.

Luego el 27 de mayo de 2014, sigue la carta de los congresistas de Morena, la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del DF dio a conocer un informe preliminar donde el Colegio de Ingenieros Civiles descartó la presencia de “fallas estructurales en la Línea 12” de lo que se derivaba que el deterioro se debió a la falta de mantenimiento con la que operó casi 15 meses. Al final, los morenistas mencionan lo ocurrido en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y un reporte del director del Metro, Jorge Gaviño, que explicó las labores de reparación realizadas en la Línea 12. De todo eso, concluyen: “que durante la administración de Mancera se realizaron dos intervenciones mayores a la Línea 12, sin que se tenga ninguna certeza ni claridad de las mismas… La Línea 12 se entregó funcionando adecuadamente al hoy senador Miguel Ángel Mancera”, dicen para justificar su petición de desafuero y procesamiento contra el exjefe de Gobierno.

Pero la intentona de los 96 congresistas de Morena, que claramente respaldan a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum al culpar sólo a Mancera y descartan las “fallas de origen” en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 o la falta de mantenimiento y supervisión por parte del actual gobierno capitalino en los últimos dos años y medio, fue parada en seco por Ricardo Monreal que, como ha hecho en otras acusaciones e investigaciones del gobierno capitalino, salió en defensa de Mancera y pidió detener “la hoguera” y el “linchamiento” hasta que no concluyan los peritajes técnicos y las investigaciones judiciales que deslindarán responsabilidades. No es la primera vez que Monreal mete el codo y hasta el cuerpo para defender a Mancera de los embates e investigaciones de Claudia Sheinbaum, que ha girado órdenes de aprehensión en contra de varios funcionarios manceristas y se ha referido en público al gobierno de su antecesor como “una pandilla de delincuentes”.

Pero a los que no puede parar Monreal es a los diputados del PT que ayer presentaron una denuncia en contra de Miguel Ángel Mancera ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX, en la que piden investigar la responsabilidad del exjefe de gobierno y hoy la bancada petista buscará promover una solicitud de juicio político en su contra en San Lázaro.

Así mientras las autoridades capitalinas ofrecen que entre 5 y 6 semanas estarán los primeros informes de los peritajes técnicos y las investigaciones judiciales por homicidio culposo, lesiones y daños en propiedad ajena que se imputarán a los que resulten responsables de esta tragedia, los grupos internos de Morena empiezan a moverse para defender o proteger a sus candidatos para la sucesión presidencial e intentan eximir de responsabilidades a los dos prospectos más cercanos a López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum; mientras que el otro aspirante a 2024, Ricardo Monreal, hace valer su fuerza en el Congreso para que no se adelanten vísperas ni se quiera culpar solo a Mancera en descargo de la actual Jefa de Gobierno, de su cuestionada directora del Metro, Florencia Serranía, y del canciller que ordenó la construcción de la Línea. Es el juego futurista metido a la tragedia, mientras en la vox populi de la gente en la calle y en las redes sociales no tiene duda: los tres tienen parte de la responsabilidad.

NOTAS INDISCRETAS…

El 15 de mayo el gobernador de Tamaulipas cumplirá 15 días sin que haya sido visto o tenido actividades públicas en su estado, motivo por el cual la mayoría de Morena en la Comisión Permanente prepara una petición formal para enviarla al Congreso local que lo declare “formalmente ausente”  por no acudir a sus labores ni responsabilidades como titular del Ejecutivo estatal sin haber presentado ninguna licencia o aviso de comisión que le permitiera abandonar por dos semanas consecutivas su encargo como gobernador. La petición se basa en que, desde el día 30 de abril, en que la Cámara de Diputados federal aprobó por mayoría su desafuero, Cabeza de Vaca no ha sido visto ni ha tenido actividades públicas en su estado y solamente se le ve en reuniones virtuales y en mensajes que sube a su cuenta de Twitter, todos ellos relacionados con el proceso de desafuero e investigación en su contra. Por eso pedirán que a partir de las cero horas de este sábado 15, y en medio de las versiones que lo ubican fuera del país, se le debe considerar “ausente del cargo” y destituirlo porque además nunca pidió licencia o permiso para abandonar el país. La estrategia de Morena es presionar para que el Congreso Local active ya el proceso para nombrar a un gobernador sustituto, independientemente del curso que tome la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación… A propósito de la controversia que el Congreso de Tamaulipas interpuso en contra del desafuero federal de Cabezade Vaca, ayer la Corte les notificó a los legisladores tamaulipecos que firman el documento de impugnación que nunca presentaron los documentos que acrediten su personalidad legal, como presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, lo cual es un requisito legal y constitucional (artículo 17) para que la Suprema Corte pueda iniciar el trámite, la asignación de la ponencia y la discusión de la controversia. El actuario Juan José Morgan Lizárraga publicó ayer esta notificación que fue enviada al Poder Legislativo de Tamaulipas y les dio un plazo de solo 24 horas para que acrediten la personalidad legal mencionada o de lo contrario se procederá a tramitar la Controversia sin ese requisito obligatorio, lo que puede llevar a su rechazo por parte de los ministros de la Corte. Al parecer lo del Congreso de Tamaulipas más que un olvido o un error, al no haber presentado la acreditación legal del presidente de la Mesa Directiva que firma la Controversia, fue una “chicanada” con la que los diputados panistas pretendían “ganar tiempo” y alargar la discusión de su controversia en el pleno para beneficiar así al gobernador Cabeza de Vaca, al que no pueden destituir ni detener hasta que la Corte resuelva lo que en Ciudad Victoria quieren llevarse hasta después de las votaciones. Pero ahora con el ultimátum que les puso el actuario Morgan Lizárraga o presentan la acreditación legal mencionada o de plano pierden por default su controversia y entonces sí el gobernador al que quieren proteger, quedaría vulnerable… Se detienen los dados. Escalera y subimos. 

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