Uno de los objetivos de la prensa en el mundo es contribuir a lograr sociedades políticamente informadas y hacerlas conscientes de los problemas más graves de su entorno. Los principios que la rigen son la verificación y la imparcialidad en el manejo de la información. Por ello, históricamente los medios de comunicación han sido también un contrapeso para el ejercicio de la función pública.

En México, la plena libertad de prensa se alcanzó recientemente, a la par de una mayor apertura para las distintas ideologías políticas, y luego de décadas en las que predominó una visión estandarizada sobre la tarea política. Ahora, desde distintas trincheras, el periodismo exhibe una buena parte de lo que representa la cotidianidad del funcionario público.

En EL UNIVERSAL, a finales de agosto se presentaron documentos que mostraban el auge económico de la familia del dirigente nacional del PAN. A la par de su incursión en la vida política, hace 14 años, comenzó la bonanza para su esposa, suegro y cuñados.

La investigación requirió la revisión de más de 50 actas notariales en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Querétaro. Se trató de datos duros sobre el patrimonio del líder partidista. Son documentos que dan cuenta de propiedades y transacciones, y que muestran, en el mejor de los escenarios, comportamientos atípicos en la adquisición y venta de sus bienes. El aludido afirma que todo responde a un complot, pero evade responder de manera puntual a lo que en estas páginas se ha difundido.

El hecho de que el dirigente panista se mostrara hace unos meses como una persona de vida austera, que subsistía con un sueldo de 48 mil pesos mensuales por su labor al frente del partido —menor al de dirigentes previos, por petición suya—, y semanas después se documentaran diversas propiedades a su nombre y un estilo de vida nada acorde con los ingresos que reportaba es, por sí solo, un elemento de interés periodístico. No se requiere un complot para que un medio lo retome.

Ahora este diario presenta información sobre las propiedades de la dirigente del PRD. Entre 2012 y 2015, que coincide con su ingreso al Senado, adquirió inmuebles por más de 35 millones de pesos: un departamento en Acapulco, otro en Miami y una residencia en una de las zonas más exclusivas de la capital del país.

Emanada de filas sindicales y cabeza de un partido que se define de izquierda, las propiedades de la presidenta perredista se vuelven también un asunto periodístico.

Poner lupa al patrimonio y a la actuación de funcionarios públicos ha generado duros cuestionamientos de políticos hacia los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos, como en Venezuela o México. Cualquier caso de esa índole no debe minar la libertad de expresión. La prensa únicamente cumple con su encomienda.