Alfonso Romo y Arturo Herrera se han convertido en dos de los funcionarios más solitarios de Palacio Nacional. Sus grandes oficinas lucen como la explanada sobre la que se plantó el Presidente el domingo para dar su informe de gobierno y su mensaje a la nación: demasiado grandes para el rol que realmente están desempeñando en el gobierno de la Cuarta Transformación.
La soledad del jefe de la Oficina de la Presidencia y del secretario de Hacienda ha sido autoimpuesta: más vale no salir a declarar nada fuera del script presidencial porque Andrés Manuel López Obrador siempre va a estar ahí, en sus conferencias matutinas o durante sus giras por el país, para contradecirlos o para enmendarles la plana.
Suena lógico que después de tantos descolones públicos, los otrora dos funcionarios más relevantes para la política económica y la relación con los inversionistas no quieran ni asomarse a la calle y prefieran mantenerse entre las cuatro paredes de sus oficinas de Palacio Nacional.
Si bien hace varios días que no se le ve en entrevistas ni en eventos públicos, Arturo Herrera ha estado ocupado diseñando los precriterios de política económica 2021 y ajustando el marco macroeconómico de 2020, que no solo se enchuecó un poco, sino que nos pone al borde de experimentar la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
Su ausencia pública y el rechazo de AMLO a las proyecciones de decrecimiento de la economía para 2020 generaron comentarios sobre su posible renuncia, la cual se asegura sí le presentó al Presidente. Ayer AMLO negó cambios en el gabinete, de momento, pero para mayo, cuando piensa que va a comenzar a disolverse la emergencia de salud, es muy probable que sí los haga. La lógica es que el costo de la crisis va a ser tal que no hacer ajustes en su equipo sería incluso impopular y le generaría más negativos.
En lo que respecta al mermado Alfonso Romo, él ha seguido asistiendo a casi todas las citas que el Presidente ha tenido con los empresarios, para escuchar, una y otra vez, la misma premisa: el poder económico no volverá a estar por encima del bienestar y la voluntad del pueblo.
Así lo escuchó el martes de la semana pasada durante la reunión que sostuvo con el Comité Directivo de Constellation Brands, encabezado por Bill Newlands, y el jueves durante la visita a Palacio Nacional de Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México, Antonio Del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, y Francisco Cervantes de Concamin; y ayer también con Emilio Azcárraga, Valentín Diez Morodo y Alejandro Baillères. Incluso, hoy que AMLO se reúna con ocho de los 10 empresarios del Grupo Monterrey va a ser la misma cantaleta.
La función de Romo como enlace de la 4T con el sector empresarial se redujo a conseguir citas con el titular del Ejecutivo; una tarea que, desde ese punto de vista, ha cumplido y con creces; por lo menos para evidenciar ante los representantes de la iniciativa privada que el desprecio que su jefe tiene por las propuestas de inversión nunca va a desaparecer.
Como función adicional se le ha encomendado recopilar propuestas provenientes de los empresarios para una eventual colaboración con el sector público; por ejemplo, transferir la planta de Constellation hacia el sureste, específicamente a Tabasco, o diferir por lo menos algunas semanas el pago de impuestos del ejercicio fiscal ante la parálisis económica generada por el Covid-19.
Pero en realidad las propuestas nunca llegan a oídos del Presidente o, si lo hacen, éste en realidad no las llega a escuchar, desacreditando con ello a un funcionario que ha perdido todas sus cartas para entablar negociaciones y que, si entró al gobierno con cierto desprestigio ante la comunidad de empresarios, su paso por la función pública será definitivamente para olvidar.
No obstante, los cercanos a Romo aseguran que no tirará la toalla. Se refugiará en una cartera que ha perdido peso político e incluso operativo con la salida incluso del gabinete de aliados clave que en su momento debieron renunciar o emigrar de sus encargos: Adalberto Palma, de la CNBV, y Eugenio Nájera, de Nacional Financiera, un par de ejemplos.
La opción es bajar la cara y el perfil público hasta donde un funcionario de alto nivel lo pueda conseguir, al grado de convertirse en un personaje casi invisible, muy lejos de los reflectores de la política que tanto presumía durante la época de campaña, cuando de la mano del entonces candidato de Morena se perfilaba como el gran rector de la economía nacional.
Así viven su soledad los otrora hombres fuertes del gabinete económico.
Denuncian a empresa
Una serie de denuncias se han levantado en contra de la empresa Medical Doctors, S.A. de C.V., por presuntamente defraudar con el suministro de cubrebocas y máscaras N95 3M, entre otros productos médicos.
La firma que encabezan Carlos Javier Juárez Calleros y Julia Martínez Prado es acusada de engañar a diferentes instituciones del gobierno federal, así como a otros distribuidores, al solicitar adelantos y entregar mercancía clonada que no cumple con los requerimientos para proteger al personal de las dependencias.
Los propietarios de la empresa aseguran que son distribuidores oficiales de la compañía 3M, pero no lo son. Se trata, pues, de una empresa y sus socios que buscan lucrar con la crisis de salud que enfrenta México.
Licitación de Capufe, a revisión
La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, y la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, pusieron a revisión la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-009JOU001-E29-2020 de Capufe que ronda los 420 millones de pesos, ante sospechas de irregularidades y dados cargados hacia Grupo Nacional Provincial (GNP), dirigido por Eduardo Silva.
Esta licitación de Caminos y Puentes Federales, a cargo de Genaro Enrique Utrilla, fue para cuatro partidas de aseguramiento: obra civil terminada, bienes patrimoniales, flotilla de vehículos y para los usuarios de Capufe y Fonadin. Las últimas dos las ganó GNP y es donde precisamente existe opacidad. En el camino se quedó la anterior proveedora, AXA Seguros, de Daniel Bandle; una partida fue para Seguros Inbursa, de Carlos Slim; y otra más declarada desierta.
Ya hay quejas del proceso y una de las señaladas es Guadalupe Cano Herrera, directora de Administración y Finanzas de Capufe, a quien se le conoce por su cercanía con la exlideresa sindical, Elba Esther Gordillo, y quien aseguran es la que en verdad manda en la institución.
EMA trabaja vía remota
Y a propósito de la situación sanitaria que se vive en México y en el mundo por el Covid-19, diversos organismos y empresas han hecho esfuerzos para garantizar que la prestación de sus servicios sea ininterrumpida.
Este es el caso de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que lleva Jesús Cabrera, que desde el 25 de marzo tiene a sus más de 140 colaboradores laborando vía remota, desde donde se han hecho 405 evaluaciones.
Esto se suma a la puesta en marcha de cursos virtuales para la capacitación de clientes e interesados en acreditarse en diversos sectores. Una capacitación reciente fue sobre un tema que pronto también va a dar de qué hablar: “Los requisitos indispensables a gestionar ante la autoridad competente para un Laboratorio de Cannabis”.
GNP, por contrato de seguros en Veracruz
Por último, le cuento que un acto de corrupción, como los que detesta el Presidente, podría estar a punto de ocurrir este jueves en las APIs y la Marina Mercante de Veracruz.
Sucede que mañana se presentan las propuestas económicas y técnicas que amparan los bienes y operación de estos puertos, una licitación que se anticipa amañada y dirigida con candados que contravienen la ley de adquisiciones, pero que además tendrá un sobrecosto de 20%. El ganador sería GNP, de la mano del despacho regio Yturria y el broker de reaseguro Reinsurance Consulting. Habrá que estar al pendiente.
