18 / junio / 2021 | 08:06 hrs.

La reforma universitaria

Arnulfo Moya Vargas

Las clases deben reiniciarse en la Universidad Autónoma de Querétaro. Si bien en el momento actual parece que no existe acuerdo entre las partes, Rectoría y sindicato, no se puede explicar la irresponsabilidad de tomar como rehenes a los estudiantes. No puede haber pretextos, los estudiantes no deben perder un día más y no deben ser sometidos de forma forzada al desalojo del salón de clases. Es triste y lamentable que las partes en el conflicto no tengan el valor civil de abrir la universidad y que sean los propios maestros y alumnos los que decidan si van o no a clases.

La universidad no es un ente abstracto, la forman los docentes, investigadores, trabajadores manuales e intelectuales, las autoridades universitarias y por supuesto los alumnos. Interrumpir el funcionamiento de una institución no tiene justificación. Ni la rigidez de la autoridad ni la parte sindical pueden ser exoneradas ante la inocencia de quienes hoy ven truncado su proyecto académico. Basta un solo día, inclusive unas horas para alterar la suerte profesional o laboral de un estudiante. La parte académica debería de ser el muro inexpugnable en un conflicto universitario: por grande que sea el desacuerdo nunca se tendría que expresar afectando clases.

Sorprende que el rector de la UAQ, tan inteligente, honorable y que llega al cargo tal vez con las mayores cotas de legitimidad que ninguno de sus antecesores, defienda una causa equivocada al no abrir la universidad. También sorprende la actitud de una lideresa auténtica, cuyo celo por la responsabilidad sindical le impide ver que los estudiantes deben asistir a clases aunque tenga desacuerdos con las autoridades universitarias.

Por el lado de las autoridades laborales que conocen del conflicto, ya era tiempo de que sentaran a las partes contendientes para hacerlas coincidir en un punto: la existencia de un interés superior, los estudiantes que están siendo afectados a cada segundo, minuto, hora y día. Sí, no se puede decir que 11 días sin clases no tienen relevancia, claro que la tienen. Muchas veces basta una hora, una clase o un día perdido para desconectar al estudiante del círculo virtuoso del aprendizaje. 11 días son ya un verdadero retroceso, pero las autoridades se encuentran ausentes y mucho me temo que han convertido la huelga en una oportunidad para el desgaste de las partes o incluso del propio gobierno.

Una alternativa a la situación de parálisis de la universidad es la realización de clases en sedes alternas, prestadas o arrendadas, para evitar que se siga castigando a los estudiantes. Es una medida extrema que puede parecer excesiva o hasta impráctica, pero creo que en los horarios inhábiles de las universidades privadas, en los horarios nocturnos y hasta en fines de semana se podrían impartir las clases a los alumnos de la UAQ. En esta lógica, el propio gobierno del estado y federal pueden prestar instalaciones de instituciones de investigación para tales efectos. Se trata de controlar el daño sin caer en alarmismos, pero tampoco se puede permanecer en la pasividad o la indolencia mientras nuestros estudiantes sufren el abandono y el atropello a un derecho fundamental. El estudiante no puede acampar fuera del sistema educativo mientras las partes litigiosas equilibran sus fuerzas y estrategias para potenciar sus intereses.

En esta huelga universitaria, las autoridades laborales tanto locales como federales parecen prestarse a un juego dilatorio procesal, una especie de maraña judicial que pierde de vista que tenemos a miles de estudiantes esperando una respuesta pronta y eficaz. No se sabe qué razones o argumentos legales tienen las autoridades laborales para no ordenar la restitución de las instalaciones y el inmediato regreso a las aulas. Más parecieran estas autoridades ser parte del conflicto y no de la solución que deberían de promover.

En la clave política de este conflicto es claro que la huelga es un golpe directo a la gobernabilidad, al pretender con el impacto social y mediático cuestionar la capacidad del gobierno estatal. Es cuestionar el escenario de mayor potencial de alianza de la comunidad universitaria con el gobernador, al que por cierto se le vio con gran simpatía durante la pasada campaña. Francisco Domínguez fue el candidato natural de la comunidad universitaria.

Más allá del debate coyuntural sí existe una necesidad real de reforma en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es importante que a la luz del actual conflicto se abra la oportunidad para reformar el modelo de universidad que ha quedado como un enclave de grupos de poder y de interés, los cuales la hacen ver como una isla de impunidad y coto de caza de pequeños grupos. Es necesario reivindicar los principios históricos de las universidades en el mundo y proyectarlos a los desafíos de hoy. Hace falta que las partes en conflicto y las autoridades gubernamentales no sólo resuelvan este conflicto, sino que además sienten las bases para la reforma universitaria que todos esperamos.

Abogado

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