La historia de las reformas electorales en México da cuenta de dos elementos fundamentales. Primero, fueron el eje de la liberalización política y, en consecuencia, fundamentales en nuestro proceso de transición democrática; segundo, han implicado (salvo la fallida reforma de 1986 propuesta y operada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que desencadenó, en parte, el conflicto electoral de 1988) una intensa negociación por parte de muy diversas fuerzas y actores políticos. Por ello, la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador requiere un análisis cuidadoso.

La propuesta presenta problemas de forma y de fondo. En términos de la forma se observan dos elementos que generan suspicacia en torno a su intencionalidad. Hemos aprendido en los últimos 30 años que las reformas electorales de gran calado se aprueban después de la elección presidencial y se prueban en la intermedia. Una propuesta de reforma antes de una elección presidencial muestra, o bien, una intensa necesidad de control o un profundo desconocimiento de la forma en que estas operan.

El segundo elemento de forma se asocia a la negociación política. Las reformas  son procesos políticos complejos que requieren amplios consensos (o, en los gobiernos autoritarios, mayorías calificadas). Presentar una propuesta de reforma electoral sin llevar a cabo una negociación previa, especialmente dada la conformación actual del legislativo federal, augura naufragio. Así las cosas ¿cuál es la intencionalidad de esta propuesta?

En cuanto al fondo  por la conformación de la Cámara de Diputados. La reforma propone una reestructuración completa de nuestro sistema de representación, pasando de un sistema mixto (mayoría relativa y representación proporcional) a un sistema de representación proporcional. Desaparecen los distritos de mayoría y la totalidad de la Cámara de Diputados se integraría  por lista de representación proporcional. En términos coloquiales, se elegirán 300 diputaciones plurinominales. Esto, en lo general, resulta pertinente. La proporcionalidad pura implica que cada partido reciba el porcentaje de escaños correspondiente al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción, pasando de 5 federales a 32 estatales. ¿A quién beneficiaría esta integración? A los partidos más votados, fundamentalmente a Morena y al PAN, perjudicando a los partidos pequeños.

¿Cómo quedaría la integración de la Cámara de Diputados a partir de la propuesta, con base en los resultados de la elección de 2021? El PAN y Morena obtendrían una sobrerrepresentación de 1.9 y 1.6 puntos porcentuales respectivamente. Acción Nacional alcanzaría con el 20.4% de los votos, el 22.3% de los escaños y Morena, con el 38.1% de los votos, el 39.7% de los escaños. El PRI, se queda casi igual, con el 19.8% de los votos, tendría el 20% de los escaños. Los partidos restantes salen perdiendo, el PRD perdería 1.4 puntos porcentuales, seguido del PVEM con una pérdida de 1.1, el PT de 0.6 y MC de 0.5 puntos porcentuales. Este efecto muestra que no será sencillo que Morena logre el voto a favor de sus aliados PT y PVEM en este punto, sin contar con la oposición que los otros partidos ya han manifestado.

Se ha dicho hasta el cansancio que no elegimos a las diputaciones plurinominales. La propuesta del presidente, quizá sin querer, muestra  lo contrario.

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