“Las minas son propias de mi Real Corona… sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos… bajo dos condiciones ‘contribuir a mi Real Hacienda’ y cumplir lo prometido… o perderlas”. —Real Ordenanza de Nueva España, 1783.
Este es el primero de una serie de artículos sobre los grandes debates nacionales del 2013, detonados por la agenda legislativa y el propio Pacto por México. Comienzo, por razones obvias, por la reforma energética. El trágico suceso de la Torre de Pemex es síntoma evidente de su urgencia.
La emblemática empresa nacional se ha vuelto más bien “emblema” de nuestros serios “padecimientos”. Por razones fiscales se sobreexplotó el rico yacimiento de Cantarell, el dinero lo usó el gobierno para gasto corriente y no se tradujo en crecimiento económico. Ahora nuestra producción es de un millón de barriles menos. Importamos más de 60 mil millones de dólares en gasolinas, gas y petroquímicos, las plantas obsoletas que los producen no han sido reconfiguradas; importamos gas, la red de distribución se saturó y no hay abasto en regiones del país; rezago tecnológico y en el otrora ejemplar Instituto Mexicano del Petróleo hay manifiesta incapacidad de ejecutar proyectos, como la refinería de Tula. Produce cero fertilizantes. La reforma del 2008 “amarró” todavía más a la Dirección de Pemex con la creación de filiales, comités y comisiones. Petróleos Mexicanos es más bien parte de la política fiscal. Transfiere 6% del PIB a la caja federal, lo cual la pone en pérdidas acumuladas durante muchos años, esencialmente endeudándose para darle más dinero al gobierno. Está quebrada, más aún si se suma la contingencia de pensiones. El otro saqueo a su producción es de origen criminal. Además, no contribuye al desarrollo industrial, sus proveedores son, en la mayoría de los casos, extranjeros. Criminal falta de mantenimiento.
El debate actual ofrece algunos consensos importantes. Los expresa el Pacto México, los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto y sus funcionarios; el PRD y un sensato documento de Cuauhtémoc Cárdenas. Primero las premisas básicas: los hidrocarburos son propiedad de la nación. A través del Estado mexicano ejerce el dominio y la rectoría sobre el sector energético. Pemex, como organismo público, no es el propietario, ejerce un mandato. Los objetivos son preservar la seguridad energética, asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles a empresas y familias. El Pacto por México agrega la necesidad de hacer de Petróleos Mexicanos una empresa pública productiva y competitiva de clase mundial (modelo Petrobras o Statoil) que multiplique la exploración y producción de hidrocarburos y sea promotora de las cadenas productivas de proveedores nacionales. En forma más ambigua plantea “la necesidad de competencia” en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. ¿Qué modalidades privadas?
Otras propuestas del PRD y de Cuauhtémoc Cárdenas evidencian otros acuerdos con el gobierno: reducir los niveles de exportación, cumplir reglas de preservación de reservas; y darle autonomía presupuestal, lo que significa sacarlo del presupuesto federal. La energética va necesariamente ligada a una reforma hacendaria en la que Pemex pague los impuestos que paga cualquier empresa, además de un dividendo a la nación. Al pagar Petróleos Mexicanos menos impuestos, el gobierno tiene que compensar esa baja. También autonomía operativa, lo que significa eliminar el régimen de filiales y hacerla una empresa integrada; disminuir el exceso de supervisión y regulación por la Secretaría de Energía y las comisiones: la Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos. Pero ésta debe fortalecerse. También se propone crear un organismo financiero para manejar los excedentes petroleros; otros plantean un fondo soberano, no tres fondos de estabilización, como ahora.
El principal problema se reduce a dos cosas: la explotación del petróleo en aguas profundas y del shale gas, ambas requieren cuantiosas inversiones, tecnología que no tenemos y compartir riesgos. Ello requiere concesiones o alianzas. El problema es que la Constitución “prohíbe otorgar concesiones y contratos en los hidrocarburos”. En la práctica, Pemex compra muchos servicios de proveedores externos, sin reglamentación adecuada. El peor de los mundos.
La visión arcaica “deformadora” se expresa en el reciente manifiesto del PT, MC y Bartlett (la tesis es de AMLO) sobre la supuesta conspiración para “privatizar el petróleo”. Pero privatizar “significa transferir la propiedad, la administración y el control del Estado a los particulares”. Esto claramente no se plantea y no ocurrirá. Después asusta con que con esa imaginada “privatización” sobrevendrá lo que ya sucede: “la producción declinará”, y otros absurdos como “que se sofocará el crecimiento al no disponer el Banco de México de divisas para la reindustrialización”(?) Se desconocen los cambios en el mundo. A Estados Unidos ya no le interesará nuestro petróleo, será exportador neto. Esta visión primitiva es análoga a que el Seguro Social debería producir él mismo todas las medicinas. Por su trascendencia, el debate debe ser de propuestas serias, sustentadas en el verdadero interés nacional y no de argucias, falacias y mitos.
Ex secretario de Hacienda
