Durante las últimas semanas, diversos medios han dado cuenta de la situación generada alrededor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuestas por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, y la decisión de dos jueces de distrito, de ordenar suspender, provisionalmente, sus efectos.

Este hecho, ha servido para que los críticos del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, salgan a soltar una serie de versiones infundadas y dolosas en contra de dicha reforma que, en realidad, lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, privilegiando la producción y consumo de la energía que genera, sobre la que están generando empresas privadas y extranjeras, que en sexenios pasados amarraron contratos y beneficios que ponían en clara y desleal desventaja a esta importante empresa del Estado mexicano.

La verdad es que ésta, como otras acciones en las que se ven involucrados algunos representantes del Poder Judicial y de otros sectores, con el afán de ponerle freno a ciertas reformas, políticas y hasta obras de la autoría de la presente administración, son una muestra de que lo difícil que ha resultado desarticular el inmenso aparato montado por el régimen anterior para proteger sus actos turbios y componendas.

Producto de dicha maraña de acuerdos y pactos no declarados, el actual gobierno se ha tenido  que enfrentar a un esquema recurrente de descalificación y artimañas leguleyas que, además de buscar frenar el avance de los procesos transformadores que se están dando en el país, se vuelven suelo fértil para la proliferación de la crítica sin sustento que, a su vez, busca confundir a una sociedad que, por suerte, ya no se cree tan fácilmente, las historias que durante décadas externaron los representantes del régimen conservador.

Y es justo aquí en donde toca a quienes representamos, impulsamos y simpatizamos con la 4T y las acciones que la generaron y la van conformando, el ser los portavoces de la verdad, de la visión correcta y congruente de lo que se está haciendo y, por supuesto, de los beneficios que representa para el pueblo de México, harto ya de muchos años de abandono y de acciones ajenas a sus verdaderos intereses.

En ese sentido, por supuesto que es preciso mantener el apoyo firme y decidido a la reforma propuesta por nuestro primer mandatario y aprobada por la representación popular en las cámaras de diputados y senadores, reconociendo su importancia en el fomento a un mercado de competencia más igualitario en el ramo energético, que evite que los beneficios se queden solo en manos de algunos particulares y dañen a la Hacienda Pública.

Sin duda, la visión del presidente López Obrador y su determinación de enfrentar, de cara a la ciudadanía, a quienes pretenden detener el avance que representan las propuestas que su gobierno hace y busca poner en práctica para el beneficio común, son una más que excelente motivación para que, quienes así lo consideramos, nos sumemos a esta defensa permanente del actuar del gobierno que está transformando al país.

Y es que la reforma eléctrica y todas las reformas torales que se han estado haciendo a nivel legislativo en el México de los últimos dos años, han incluido, como no ocurrió durante muchísimo tiempo, para su concepción y en sus efectos, el compromiso con el bienestar del pueblo, de la sociedad y, dentro de ella, de los sectores más vulnerables y vulnerados durante décadas.

Por ello, estuvimos, estamos y estaremos siempre del lado de lo que más le conviene a la gente, y, sí como dice el Primer Mandatario, para hacer que avancen las reformas que quitan privilegios a algunos para brindar beneficios a todos, hay que reformar nuestra Constitución, deberá hacerse, con un enorme sentido de responsabilidad y de orgullo.

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