En las desavenencias recientes de la policía municipal de Querétaro se expresa un problema más amplio y profundo que vive el país: la ausencia de un régimen legal y político que resuelva la cuestión del reclutamiento, la selección, la permanencia, las condiciones de prestación del servicio de policía y un sistema de garantías para el ejercicio del mismo. Dicha laguna espera una reforma legis-lativa en ciernes, que hasta ahora ha logrado algunos consensos en el Poder Ejecutivo federal y en el Congreso nacional, aunque todavía la ciudadanía aguarda la gran reforma policial, que tenga un enfoque de derechos humanos y que incluya a las propias policías de los tres niveles de gobierno.
En efecto, durante gran parte de la historia moderna, la reforma policial ha sido uno de los puntos pendientes, en razón de que existían otras prioridades que atender por los gobiernos. Nunca se quiso entender por la clase política la expresión más básica y fundamental del Estado de derecho, es decir, que la primera frontera de éste comienza en la relación primaria de los ciudadanos con sus policías y que este primer eslabón es determinante para medir la calidad del Estado de derecho.
En mucho se ha debido esa falta de apreciación del papel fundamental de la policía en un Estado democrático de derecho a que, siendo el eslabón inicial de los ciudadanos de a pie, era importante darle un protagonismo legal, institucional, simbólico, político y económico, del cual ha carecido. Por el contrario, se les asignó una carga axiológica negativa de sus deberes y responsabilidades sociales, que en el mejor de los casos les asoció a instrumentos de represión, de arbitrariedad, de atropello y de ejercicio de los poderes ilegítimos de las autoridades públicas, decayendo así el aprecio y el respeto que deberían de merecer. El auge del mercado ilícito de las drogas y del crimen organizado estableció una asociación directa entre dichas actividades y la esfera policial en nuestro país. Más allá de los casos documentados y ciertos sobre la actividad delictiva de las drogas y del crimen organizado que existen, lo cierto es que sería un simplismo hacer esa deducción en automático y descalificar per se a las policías de la nación, las que de facto en muchas partes de México sí fueron de iure o de facto suplidas por la intervención del ejército, sin que ello resolviera el problema de la seguridad ciudadana y de la incidencia del crimen.
Una reforma policial debe comenzar por revalorar el trabajo de las policías, asignándoles una labor más allá de la función coactiva tradicional y verles como instituciones para la seguridad de la gente, en sus bienes y posesiones. El cambio implica reformar sus estatutos laborales y económicos, así como dotarles de instrumentos básicos de trabajo para la optimización de su cargo. Este cambio simbólico pasa por la creación de una universidad de la policía, en la cual los grados, niveles, división y jerarquización del trabajo tengan base en el mérito y no en decisiones arbitrarias de los gobernantes en turno.
El cambio de la policía debe ser producto de una ley que prevea los incentivos y sanciones para los miembros de la misma, revalorando en términos sociales la tarea que desempeñan y no dejándoles a la libre voluntad de la calle, en la incertidumbre jurídica y en ausencia de prestaciones de seguridad social, propias de los cargos y tareas que desempeñan. La sociedad necesita protección, pero también las policías deben ser protegidas por la sociedad, que hasta ahora son confinadas a la discriminación y al racismo laboral. Como si ser policía fuera un estigma y no el orgullo de ser portadores de los mandatos primarios del Estado de derecho.
La crisis de la policía es la crisis de la justicia y del Estado democrático de derecho, al ver cuestionados a los titulares de los puestos más inmediatos del orden jurídico. En el contexto de Querétaro, malo sería que esperemos hasta la solución del Mando Único o Mixto para emprender la actualización y puesta al día de quienes han recibido el mandato de proteger a la gente en sus bienes y posesiones. Sería un error dejar las cosas como están, dejar que las libres fuerzas de la casualidad, del accidente o del cansancio brinden la solución a un conflicto nada sencillo de resolver.
En este tema, por tratarse de la capital del estado, las autoridades estatales deben también intervenir para buscar, dentro del respeto a la autonomía, una salida legal y eficaz a las cuestiones de seguridad en el municipio de Querétaro. En el caso de los partidos políticos, es lamentable la politización del tema y que precisamente empezaran a cuestionar al titular de la policía municipal de Querétaro cuando se pronunció en favor de una candidata a gobernadora, por cierto, de otro estado del país y de un partido distinto al que gobierna en Querétaro.
Abogado
