Ante el anuncio de la privatización de los servicios de alumbrado público y recolección de basura en el municipio de Querétaro, se imponen varias lecturas sobre esta decisión. La primera tiene que ver con el origen, la forma y los fines de las privatizaciones, que se pusieron de moda a partir del fracaso de los poderes públicos. Que un servicio público se privatice por sí mismo no constituye algo positivo o negativo, sino las condiciones mediante las cuales se verifica la concesión.

Hasta el día de hoy no sabemos si los servicios públicos de alumbrado y recolección de basura se han sometido a concurso y si dicho concurso se apegó al procedimiento legal. Es fundamental que se conozca dicha información, y hasta ahora parece ser que no se ha realizado ningún concurso o al menos no se han hecho públicas las bases de la licitación como un medio de buscar el mejor precio en favor de los queretanos.

En paralelo a lo anterior, es necesario conocer bajo qué argumentos se realizan las privatizaciones. Debería de existir un estudio técnico que exponga las cifras de la financiación, y de todas las variables que impactan en los servicios: personas usuarias de los mismos, lugares de la prestación, periodos e inclusive los seguros y garantías para que el público no esté desprotegido ante los particulares que sustituyen a las entidades públicas. Es clave conocer sobre qué bases se emite el título de concesión, y el tiempo de duración, que en ningún caso puede rebasar el periodo de la administración municipal, salvo que la legislatura autorizara un plazo mayor.

Es importante que la privatización no implique el incremento de los precios de los servicios, que al final de cuentas se pagan en parte con los impuestos de los ciudadanos. Y digo en parte porque es claro que en un municipio como Querétaro el subsidio a dichos servicios es algo inherente a su funcionamiento. Es decir, ¿las concesiones implicarán también subsidiar a los particulares que las operarán?

Existe la parte laboral de las concesiones que también necesita ser clarificada. ¿Los cientos de trabajadores que hoy forman parte del ejército de servidores de limpia y de mantenimiento del alumbrado serán parte de la concesión, o se les liquidará para transitar a una nueva relación laboral con un nuevo patrón, o sólo habrá sustitución patronal? ¿Quién pagará las liquidaciones de los trabajadores?

Existe también una cláusula ecológica en las privatizaciones que debía conocerse por el público, dada la naturaleza de las materias a concesionar. ¿El alumbrado y la recolección de basura tendrán ahora un enfoque con las nuevas tecnologías, o seguirá el sistema tradicional cuyas insuficiencias todos reconocemos? Y si los concesionarios traerán algún avance tecnológico comparativamente mejor a los sistemas que operan para la prestación de los servicios, ¿la concesión implica que concluido su periodo nos dejarán sus aportaciones tecnológicas, o se las llevarán expirada la concesión?

Algo adicional a los títulos de concesión que se expedirán debe ser que los queretanos conozcamos quiénes serán los titulares de dichas concesiones. Si algo ahora está de moda son las reglas de transparencia y de ausencia de conflicto de interés. El público requiere saber que las privatizaciones no son un pago o un favor entre grupos de poder o de presión, que estamos ante poderes y personas que siguen las reglas claras e imparciales del mercado y no ante un capitalismo de compadres movido por el motor del ayuntamiento de Querétaro.

Un artículo, de previo y especial pronunciamiento en las privatizaciones de los servicios de recolección de nuestra basura y nuestro alumbrado, tiene que ver con la cobertura para todos los queretanos. La parte en la cual fallan casi todas las privatizaciones es en privilegiar las zonas que les son rentables; o que potencian la relación costo-beneficio y no se fijan en las condiciones de exclusión social de las personas y la marginación de territorios. Los queretanos esperamos que, de darse la privatización, los prestadores no establezcan rangos de calidad con base en el estrato económico de la población.

Finalmente, la cuestión de la nacionalidad de los operadores de la concesión es importante. Los tribunales federales han conocido importantes litigios en los cuales los gobiernos han tenido que pagar cantidades millonarias en dólares, porque los concesionarios demandaron a los ayuntamientos y estados supuestos beneficios o dineros al homologar la concesión como si fuera una inversión extranjera. Nada tenemos contra la inversión de empresarios de otros países, siempre y cuando se apeguen a las reglas del Estado mexicano. No sólo en materia de concesiones, sino al marco global del régimen jurídico nacional.

No debe asustarnos que los servicios públicos se privaticen. Debe preocuparnos que se realicen bajo la presión o el miedo a perder el favor de los grupos de interés o de presión. O que la privatización sea un instrumento de captación de las rentas públicas para beneficios privados ajenos al interés público.

Abogado

Google News