El cambio del gobierno federal plantea la necesidad de un balance y un replanteamiento de las políticas públicas en todos los ámbitos de la vida nacional, y la cultura es uno de ellos. En ese marco, vale la pena recordar que desde el mes de junio un grupo de promotores de la cultura, encabezado por Ricardo Fuentes, Déborah Holtz y Lucina Jiménez, presentó a los cuatro candidatos a la presidencia el documento: Diez compromisos indispensables en la política cultural en México, llamando la atención sobre la importancia de una política que contribuya a hacer efectivo el derecho a la cultura, plasmado en la reforma constitucional de 2009, sobre todo para quienes viven en condiciones inaceptables de pobreza, opresión y desventaja social.

El lunes 5 de noviembre, Enrique Peña Nieto se reunió con ocho integrantes del campo de la cultura en México. En la reunión, además de insistir en la apertura, la pluralidad y el compromiso del Estado con la creación artística, la cultura popular y el destino cultural de los medios electrónicos de comunicación, así como en la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural, evitando su mercantilización y su apropiación por unos cuantos, volvieron a plantearse aquellos 10 puntos presentados antes.

Para favorecer la discusión de una nueva política cultural para México, quisiera presentar un resumen de aquel documento, para su análisis y enriquecimiento:

1) Que el plan de desarrollo considere con prioridad a la cultura y las artes, así como su vinculación estratégica con las áreas de educación, desarrollo social, economía, salud, turismo, medio ambiente, comunicación, seguridad y relaciones exteriores.

2) Respetar invariablemente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios, las comunidades y los sectores populares, fortaleciendo la promoción de las culturas indígenas y populares, y un marco legal que permita la defensa, aprovechamiento y gestión de su patrimonio cultural, su creatividad y sus saberes.

3) Asumir que la cultura es un sector productivo, por lo que hay que respaldar con créditos, estímulos económicos y fiscales a creadores y promotores culturales, atendiendo con prioridad a los grupos juveniles, micro, pequeñas y medianas empresas, y a los grupos artísticos y culturales de la sociedad civil. El Estado debe invertir en cultura, pero sobre todo ha de ser facilitador de la participación de los diversos actores culturales, favoreciendo sus iniciativas y estableciendo mecanismos de compensación de inequidades.

4) Terminar con la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos para la cultura y las artes, con criterios de descentralización, inclusión y beneficio social.

5) Incluir la educación artística, digital y audiovisual en el sistema educativo nacional y propiciar el uso cultural de los medios de comunicación.

6) Impulsar la promoción, difusión y fomento de la cultura y las artes de México en el plano internacional.

7) Impulsar la reforma de las instituciones encargadas de las políticas culturales, con un sistema de planeación y evaluación que incorpore indicadores de desempeño e impacto social.

8) Fortalecer políticas de fomento a las diversas ramas y actividades del sector, a través de inversión pública y privada, y la creación de fundaciones, colecciones, asociaciones, centros culturales juveniles, iniciativas comunitarias y no gubernamentales.

9) Crear programas de formación en gestión, administración y comunicación cultural para funcionarios, promotores y organizaciones culturales y artísticas.

10) Que quien dirija la institución rectora del sector tenga capacidad para articular una política pública basada en el diálogo con las comunidades culturales, instituciones, empresas y grupos, y cuente con una visión amplia, desprejuiciada e incluyente de nuestra cultura.

Antropólogo

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