El recuento es aterrador. En 2019 vivimos el año más violento desde que se mide la violencia. En solo seis meses de 2020 vivimos ya el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento y el día más violento desde que la medición existe.
Hoy, siete regiones del país —las ciudades de Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez; los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero— se encuentran inmersos en una erupción de violencia que ha convertido la vida de sus habitantes en un baño de sangre.
Entre el desmantelamiento de la Policía Federal, decretado a la llegada del nuevo gobierno, y la creación de esa entelequia con pobrísimos resultados que ha sido hasta ahora la Guardia Nacional, los mexicanos solo cuentan para su defensa con un conjunto de precarias policías: esas policías enfrentan las ejecuciones, las masacres colectivas, el narcomenudeo, el robo de transporte de carga, el secuestro, la extorsión, el robo a negocio, a transeúnte y el asalto a bordo de transporte público, entre otras calamidades que golpean a la población.
La radiografía de los cuerpos encargados de enfrentar el crimen, presentada ayer por la organización Causa en Común a través de una encuesta realizada a 4,422 policías de 28 estados, sencillamente eriza la piel: ahí está la vulnerabilidad, el abandono, la soledad en que nos encontramos en el momento más trágico que se ha vivido.
El documento –“¿Qué piensa la policía?”— aclara que las autoridades de cuatro estados con altísimos niveles de violencia, Michoacán, Puebla, Nayarit y Tabasco, no permitieron que sus policías respondieran las 68 preguntas enviadas por la organización.
Los datos más relevantes la fotografía:
Que el 36% de los policías estatales de México ganan menos de 10 mil pesos al mes, y en cinco estados —Campeche, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca— entre siete y nueve mil.
Que la mitad de los policías de México han tenido que pagar de su bolsillo el calzado, las botas, las fornituras y el uniforme; que el 25% se han echado a cuestas la reparación de sus patrullas y la compra de cartuchos; que el 12% han tenido que comprar sus chalecos antibalas y que otro 12% la gasolina de sus patrullas.
Que la mayor parte de los policías de México han tenido que realizar labores que no les corresponden: encargos personales (21%), trabajos de mantenimiento (11%), ir a votar por algún candidato (5%), ir de acarreado a algún mitin político (4%) e incluso torturar a algún detenido (3%).
Un 12% ha confesado que se le obliga a pagar cuotas para tener una patrulla, no recibir castigos, cambiar de adscripción, obtener un ascenso o reducir sus horarios laborales.
El 69% de los policías jamás ha recibido un ascenso; el 65% nunca ha recibido un estímulo. Esto ha ocurrido señaladamente en entidades con altos índices de inseguridad y de violencia: Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato.
Un 65% de los elementos no ha recibido capacitación para asistir a audiencias ante un juez; 52% ignora cómo proporcionar primeros auxilios; un 45% no ha sido capacitado en la recepción de denuncias.
Al 34% ni siquiera lo capacitaron en el manejo de una patrulla: ya no se diga en cuestiones de perspectiva de género o de uso de la fuerza.
A cerca de un 20% no lo entrenaron para detener a una persona.
En 2019 fueron asesinados en México 446 policías: 1.16 diarios. De 2018 a la fecha murieron al realizar sus tareas 1,124 agentes.
Los policías caen en las calles. La encuesta revela, sin embargo, que el 21% de los elementos estatales no han realizado nunca prácticas de tiro, que el 23% lo ha hecho una vez cada dos años, y que el 13% es entrenado una vez cada tres años.
Más de 40% de los policías confesaron que han practicado tiro “una o más veces al año”.
Para terminar, el 54% considera que la sociedad lo discrimina, que su trabajo no es valorado por nadie.
La policía reclama abrumadoramente mejores sueldos y mayor capacitación. Causa en Común subraya que en la peor crisis de violencia no existe un modelo para su desarrollo.
La policía no existe, subsiste.
