Hay retenes con individuos encapuchados, armados con rifles, machetes y palos en las entradas de al menos 20 poblados en Guerrero y Michoacán. Son personas que se dicen hartas de la impunidad y de la inacción del gobierno. Han decidido tomar justicia por propia mano.

El fin parece noble y los medios incuestionables a la luz de las circunstancias: extorsiones, secuestros y robos ante los cuales las autoridades de todos los niveles de gobierno no han hecho lo suficiente. ¿Qué otra cosa podían hacer? La medida, sin embargo, no puede dejar a nadie conforme. Porque aun suponiendo que los motivos de estos grupos de autodefensa no son otros que la protección, tarde o temprano esos guardianes se convertirán en arbitrarios verdugos.

De hecho ya está sucediendo. Más de 40 personas —detenidas una de las organizaciones— serán sometidas a juicio comunitario el próximo 31 de enero. Se decidirá su libertad, encierro o incluso la “pena de muerte”.

Dicen los pobladores que la sentencia la dictará el pueblo. Eso no garantiza racionalidad ni justicia. ¿Será una determinación a mano alzada? ¿Por capricho de un grupo pequeño de líderes capaces de azuzar a la multitud?

Hay numerosos ejemplos históricos del fracaso de ese modelo sin derechos para los inculpados. El relato de la condena a Jesús de Nazaret por parte de una multitud es quizá el ejemplo más conocido. Así funcionaban también la Santa Inquisición en la era colonial y las condenas a la guillotina en la Francia de Robespierre. Al final, es el capricho de unos cuantos el que se impone cuando la mayor evidencia es la percepción.

De seguirse permitiendo estas guardias armadas y juicios sumarios no pasará mucho tiempo antes de que los “procesos” por robo o extorsión deriven después en persecuciones más subjetivas contra los propios pobladores que alentaron el levantamiento. La línea entre el disentimiento y la traición será cada vez más delgada.

Aun los delincuentes creen tener la razón. Hay que recordar cómo La Familia Michoacana justificaba sus asesinatos en la “protección” del pueblo frente a su rival, Los Zetas.

Los gobiernos deben retomar el control en las zonas afectadas. Cuando no hay leyes ni instituciones es cada vez más difícil distinguir a ciudadanos enojados de criminales.