La reforma electoral propuesta en abril por el presidente continúa causando controversia. Aún después de la marcha de miles de personas en la Ciudad de México y en más de una treintena de ciudades en el país para oponerse a la propuesta. En días pasados el grupo parlamentario de Morena y sus aliados presentaron “otra” propuesta de reforma electoral. Se emitió el Dictamen para declaratoria de publicidad de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
El proyecto retoma las propuestas de la iniciativa original del ejecutivo Federal, como reducir de once a siete los integrantes del INE, transformar el órgano en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), recortar el financiamiento público a los partidos o que los legisladores sean electos mediante listas estatales. También se busca consumar la desaparición de los institutos y tribunales electorales de los Estados. En el caso del INEC, se establece que absorberá el patrimonio material, financiero y de recursos humanos del INE.
La iniciativa original del ejecutivo Federal, envió en abril al Congreso, planteaba que la elección de los nuevos integrantes del INE y el TEPJF se realizara en agosto de 2023, pasando los comicios del 4 de junio donde se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.
Ahora, el artículo Segundo Transitorio del Dictamen en comento, señala que por única ocasión, la jornada de elección de consejerías electorales del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se refiere la Constitución, se llevará a cabo el primer domingo de febrero de 2023. Durante enero de 2023, la Cámara de Diputados y el Senado de la República emitirán la convocatoria respectiva.
El artículo Tercero Transitorio, indica que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituirá plenamente al Instituto Nacional Electoral y los integrantes del Consejo General de este último cesarán en sus funciones al momento en que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y éstas rindan protesta de ley.
En un plazo de quince días a partir de la vigencia de este Decreto, la persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, deberá entregar a la persona titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente.
Los artículos Cuarto y Quinto Transitorios son una afrenta al sistema federal pues marcan que a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes ocupan actualmente dichos cargos cesarán en sus funciones. En el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas. También quedan extinguidos los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Si los cambios que quiere el Presidente no son posibles, ¿por qué la insistencia?, ¿por qué la premura? Una reforma de este calado debe ser resultado de un amplio diálogo y debate.
Esa reforma, de convertirse en ley, le abre las puertas al gobierno para controlar un nuevo organismo electoral y el nombramiento de jueces y magistrados, lo que termina con la división de poderes, fundamento de la democracia.
Convertiría a México en una dictadura.
Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH
