Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coordinada por Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Raúl Olmos, documenta la historia negra de la empresa Odebrecht en México.

El trabajo señala que desde 2010 —durante el gobierno de Felipe Calderón, y lo que va del sexenio peñista— Pemex y la Secretaría de la Función Pública han tenido evidencia de anomalías en contratos otorgados al consorcio brasileño, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o sancionar a la constructora, la paraestatal le dio otros cuatro, sin licitación, por más de mil 574 millones de dólares.

Además, Pemex canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el jugoso negocio del etileno, para la fabricación de plásticos. Las condiciones de ese contrato serán un secreto bien guardado durante los próximos 20 años; fue un negocio de 2 mil 500 millones de dólares.

La investigación de MCCI, cuyos datos fueron obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información, revela que la multiplicación de contratos de Odebrecht con Pemex coincide con el periodo en que —ahora se sabe— hubo sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, según confesaron ejecutivos de la empresa brasileña ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, en diciembre pasado.

A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación —vinculada a la Cámara de Diputados— alertó al órgano interno de control de Pemex por anomalías descubiertas en la obra de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, en 2010, Pemex nunca promovió sanciones contra Odebrecht, aun cuando el costo de esa obra se disparó 66%... sin contar que hubo un retraso de cinco años. También hubo mucho dinero danzante para la fallida modernización de las refinerías de Salamanca, en Guanajuato, y Tula, en Hidalgo.

La investigación de MCCI evidencia que Pemex recurrió a una intrincada red de empresas subsidiarias constituidas en paraísos fiscales, en Islas Vírgenes, Islas Caimán y Holanda, para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que fueron asignados directamente a Odebrecht.

El consorcio brasileño está en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que ha provocado un terremoto político en 12 países de América Latina y África, del que han derivado investigaciones como en el caso peruano, donde se emitió una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo; en Colombia, el viceministro del transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe fue arrestado por enriquecimiento ilícito; en Brasil hay 77 ejecutivos de Odebrecht sujetos a indagatorias, al igual que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y su ministro José Dirceu. Hace casi un año, un juez brasileño condenó a Marcelo Odebrecht —el multimillonario presidente de Odebrecht— a 19 años y 4 meses de prisión, por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras.

En México, la Secretaria de la Función Pública presentó una demanda ante la PGR “contra quien resulte responsable”. Hasta el momento, se desconocen públicamente los avances de la investigación, pero los ojos están puestos en las gestiones de los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel (2009-2012), y Emilio Lozoya Austin (2012-2016), periodos en los cuales ocurrieron los sobornos confesados por gente de Oderbrecht, que buscan clemencia… y un datito más: Lozoya presentó al dueño del consorcio brasileño con el presidente Peña…

EL MONJE UTÓPICO: La función pública no debe ser botín de infames, tampoco un negocio que no tenga pierde; no merece vampiros chupasangre, ni políticos vividores, aunque suene ingenuo y tal vez resulte un sueño imposible.

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