En los pasados días conocimos un cambio drástico en la posición de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante la administración de Enrique Peña Nieto, que pasó de declararse inocente a buscar convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR). Ella se encuentra actualmente vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, e incluso hace unas semanas un juez federal giró una nueva orden de aprensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el marco del caso conocido como “Estafa Maestra”. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué apuntes se pueden mencionar al respecto?
Antes de continuar con el caso de Robles, es interesante destacar una situación relevante. Uno de los factores que le permitió ganar las elecciones presidenciales de 2018 a Andrés Manuel López Obrador fue el hartazgo progresivo y acumulado por parte de la población en general hacia la corrupción del Partido Revolucionario Institucional, en parte revelada por la labor de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con la publicación justamente de la investigación periodística de la Estafa Maestra. No obstante, lo curioso es que en recientes días que esta organización no gubernamental publicara haber detectado irregularidades en la operación de Morena Tabasco, que contrató a una empresa fantasma para editar el periódico “Regeneración” en 2016, esa labor periodística sea desestimada, atacada y condenada por parte del presidente de México. ¿Cómo se puede explicar tal comportamiento?
Pero a pesar de ello, el tema de hoy es Robles. La exjefa de Gobierno del Distrito Federal ha buscado que se le aplique el criterio de oportunidad y con ello mejorar su posición legal a cambio de entregar información a la FGR, que entonces conocería otros agentes que estaban involucrados en la Estafa Maestra. La esperanza de la 4T, y de muchos de nosotros, es que puedan caer los implicados de este desvío masivo de recurso público, incluidos ahí cualesquiera que fuesen, como muy probablemente serían Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade y, la joya de la corona, el expresidente Peña Nieto.
En este contexto la defensa de Robles ha manifestado que la información que proveería la exsecretaria iría en contra de Videgaray y no de Peña Nieto. Aquí habría ciertas imprecisiones que imposibilitarían a la alguna vez presidenta del Partido de la Revolución Democrática para ser considerada como testigo colaborador, como el hecho de que esta figura es aplicada sólo cuando se pueda ofrecer información que implique a superiores en la jerarquía gubernamental, es decir, a Peña Nieto, mas no a inferiores o a iguales, que sería el caso de Videgaray al haber sido ambos titulares de secretarías de Estado en el momento de la ejecución de la Estafa Maestra.
La campaña contra la corrupción e impunidad sí se está ejecutando en la actual administración federal, como se aseguró que se haría, y hay varios ejemplos al respecto. Sin embrago, resulta inconsistente que a pesar de los indicios de acciones inapropiadas por parte de miembros del actual gobierno, no se les investigue a ellos. Aquí se puede citar a Manuel Bartlett, con las adjudicaciones directas realizadas, y a Eréndira Sandoval, con el patrimonio escondido y no declarado.
Para que haya una transformación verdadera en el país la justicia debe ser pareja y no dirigida sólo a unos. Es necesario que la impunidad se erradique, no cabe duda de eso, pero mientras no haya justicia también hacia dentro del mismo gobierno, lo que éste realice hacia afuera sólo reflejará una cortina de humo, una campaña meramente electorera, exitosa y muy impactante para algunos, pero que sólo reproducirá el mismo patrón de operaciones que otros gobiernos del pasado, dejando un status quo y ocupando los mecanismos de justicia para beneficio propio.
Escritor, historiador e internacionalista
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