En solidaridad con los periodistas e intelectuales que son atacados cotidiana y sistemáticamente en México, desde Palacio Nacional, por el hecho de ejercer su libertad de expresión.

En noviembre de 2020 comerciantes ambulantes protagonizaron un zafarrancho en las inmediaciones de Tacuba y Motolinía, en el Centro Histórico. Un grupo intentaba ahuyentar a los agremiados de la lideresa Claudia Morales Reyes, quien buscaba controlar el comercio, y a los “volanteros” que operan en dichas calles del centro.

De acuerdo con los comerciantes, para lograr este objetivo, Morales Reyes ha pedido ayuda a la Unión Tepito. Inadvertidamente la zona se pobló de jóvenes que, con el pretexto de “volantear” para las ópticas de la zona, venden droga en dichas calles del centro.

Durante la gresca, en apoyo de la gente de Claudia Morales Reyes, apareció el esposo de esta: un violento expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública identificado como Martín Rebolledo Aguilera.
Según consta en diversas carpetas de investigación, este grupo está detrás de la invasión y despojo de varios inmuebles del centro.

En agosto de 2004 se emitió un decreto expropiatorio de algunos inmuebles considerados de alto riesgo estructural. Entre estos se encontraba el ubicado en Belisario Domínguez 43.

Los vecinos fueron desalojados. Se entregaron al Instituto de Vivienda las llaves de los departamentos y se nombró a un grupo de resguardantes, encargados de cuidar el edificio en tanto se remodelaba o se entregaban a los inquilinos nuevas viviendas.

Algunos vecinos conservaron las llaves de la entrada principal.

Más de una década después, el inmueble seguía en las mismas condiciones. Según denunciaron cuatro inquilinos —carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1 C/D/01255/08-2018—, una tarde se presentaron Claudia Morales y Martín Rebolledo al lado de 26 personas. Morales les dio la instrucción “de cómo se iban a meter y qué viviendas iban a ocupar”.

Según se lee en la carpeta, entregó a su hija la vivienda número 4, a su hijo la vivienda número 15, y ella y su marido se destinaron las números 2 y 3.

Los vecinos originales informaron a las autoridades capitalinas, metieron escritos, iniciaron una denuncia por el delito de despojo. Se enteraron de que Morales Reyes y Martín Rebolledo se habían designado ante el INVI como “representantes únicos”: los antiguos resguardantes fueron obligados a irse bajo la amenaza de que “mejor no se metieran en problemas”.

Cuando una de las vecinas fue a asomarse, el departamento que había habitado durante años “ya estaba invadido” y “se le habían comenzado a hacer remodelaciones”. Habían cambiado la chapa de la entrada. En total, once departamentos, según denuncia levantada en 2018, fueron “ocupados”.

Martín Rebolledo reapareció en el edificio situado en Cuba 78. Según la denuncia presentada por el administrador del inmueble —carpeta CI-FICUH/UAT-CUH-4/UI-S/D/000028/02-2021—, el expolicía se presentó como trabajador de una reportera de Televisa e intentó apoderarse de uno de los cuartos de servicio.

Durante ese proceso —según un video mostrado al columnista—, agredió al administrador y a su hijo. La denuncia asienta que los 24 vecinos del inmueble temen que lleguen a despojarlos los integrantes de la Unión, “debido a que Rebolledo afirma que es miembro de la citada organización”.

Al expolicía se le hizo otra denuncia en 2019, por los delitos de robo, amenazas y despojo. Había irrumpido “acompañado de gente armada” en el inmueble de Avenida Observatorio 33, que consta de 30 departamentos. El delito de despojo no se consumó, porque el gobierno incorporó este inmueble en un programa de recuperación urbana.

Sin embargo, el nombre del expolicía figura en otros expedientes. El 24 de enero de 2018, aún adscrito a la subsecretaría de Operación Policial, según la credencial que llevaba encima, sacó a un hombre de su domicilio, en la colonia Parque Coyoacán, y le exigió dinero y la llave de su vehículo. La denuncia afirmaba que Rebolledo y dos hombres que lo acompañaban portaban subametralladoras y una pistola escuadra .380 Super.

De acuerdo con una ficha, ingresó en 2005 a la Secretaría de Seguridad como policía segundo. En octubre de 2014 tuvo un ingreso al reclusorio varonil oriente, del que salió en libertad provisional bajo caución. Se le han seguido averiguaciones por robo a transeúnte con violencia, despojo de inmuebles urbanos, daño a la propiedad, daño doloso a bienes inmuebles, tentativa de robo, lesiones culposas y violencia familiar (por esto último, en dos ocasiones).

Comerciantes y vecinos que lo denuncian, afirman que hoy forma parte de las mafias que intentan adueñarse, en una tierra de nadie, de calles y antiguos inmuebles del centro.